A veces el destino de los pueblos depende de la decisión de un solo hombre. Mandela en Sudáfrica es un ejemplo mítico. Pocos creían en el poder del olvido para sanar a toda una nación, y él lo hizo por todos. También puede desatar las fuerzas contenidas de una revolución. Lo ha demostrado hace unas semanas el joven vendedor de frutas, Mohamed Bouazizi, que se inmoló en Tuñez, y su fuego prendió el norte de África y Oriente Medio.
En Cataluña nos faltan ciudadanos atentos. No es que haya muchos políticos injustos, lo que pasa es que no hay suficientes ciudadanos dispuestos a ir contracorriente. Llevamos treinta años haciendo de la ley un sayo en función de los intereses del establishment catalanista. Y cuando los Tribunal fallan por fin contra el abuso, los responsables incumplen las sentencias como vulgares delincuentes. Y se vanaglorian de ello, y hacen electoralismo con ellas, y desautorizan a los Tribunales y cuestionan sus decisiones, y humillan a las víctimas criminalizando sus intenciones. Desde el periodista orgánico más insignificante al presidente de la Generalitat.
Es en este contexto, con la sociedad civil callada, cuando aparecen tres padres de familia que deciden cuestionar el poder entero del Gobierno de una sociedad que actúa como un Estado sin serlo y que cuestiona la separación de poderes por el simple hecho de no plegarse a sus intereses.
Ayer, Francisco Caja, presidente de CCC, en representación de tres padres de familia, decidió interponer una querella por prevaricación contra Meritxell Ruiz Isern, directora general de Atención a la Familia y Comunidad Educativa de la Generalitat de Cataluña por incumplir, a sabiendas de su injusticia, las sentencias dadas por el Tribunal Supremo de 9, 13 y 16 de diciembre de 2010 referentes al derecho que tienen los ciudadanos a recibir la enseñanza en la lengua vehicular de su preferencia, sea éste el catalán o el castellano. Las sentencias no dejan lugar a dudas: el modelo lingüístico de inmersión lingüística vigente en las escuelas de Cataluña es "contrario al espíritu y a la letra de la Constitución" y, en consecuencia, "el castellano no puede resultar excluido como lengua vehicular".
Pocas bromas: en una sociedad democrática no se puede abusar de todos en todo momento ni incumplir la ley indefinidamente. Porque siempre puede salir un abogado armado con tres padres y la ley para llevar al prevaricador ante los tribunales. E inhabilitarte para cargo público por prevaricación (artículo 14 y 272 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Han empezado por la directora de Educación por ser quien ha firmado la orden sobre los criterios de preinscripción de principios de curso publicadas en el Diario Oficial de la Generalitat el 4 de febrero pasado donde se ignoran por completo las sentencias de los Tribunales. Ni habilitan casilla alguna para que los padres puedan optar a la lengua o lenguas vehiculares, ni facilitan la conjunción lingüística que sancionó el Tribunal Constitucional en la que se fundamentó el Supremo, ni rectifican la atención personalizada desautorizada por éste.
La línea de los querellantes es incidir sobre las personas concretas, ir contra los responsables directos de las decisiones ilegales. Han empezado por Meritxel, seguirán por la consejera de Educación, Irene Rigau, y por el presidente de la Generalitat, Artur Más, coautores y últimos responsables. Política y mediáticamente han dejado claro que no cumplirán la sentencia. Le seguirán los directores de cada centro. El artículo 404 del Código Penal tipifica la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años. Que así sea.