Si se procedió a ilegalizar a Batasuna no fue porque la defensa política del secesionismo no tenga cabida dentro de nuestro sistema democrático: ahí está Aralar, un partido socialista que propugna la independencia del País Vasco. El motivo, que los nacionalistas y alguna izquierda rendida al terror se afanan en ocultar, es que Batasuna era parte de la estructura de ETA: una parte esencial para financiar a la banda terrorista, para proporcionarle información sobre sus objetivos y para legitimar desde las instituciones sus actos criminales.
Parece claro, pues, que el objetivo no es proscribir del sistema electoral una ideología que muchos incluso podemos considerar incompatible con la pacífica convivencia democrática, sino simplemente evitar que ETA utilice las instituciones públicas como instrumento para cometer sus atentados y chantajear a la sociedad española.
Precisamente por eso, la Ley de Partidos es una ley de partidos y no de listas. De lo que se trata no es de incapacitar civilmente a ningún ciudadano español a presentarse a unas elecciones, sino de que quienes se presenten no formen parte de la estructura organizativa de ETA. Desde luego, pocos indicios serán más palmarios de esto último que cuando las listas electorales están copadas, o contaminadas, de antiguos miembros de ETA o de su entorno más inmediato. Pero, de nuevo, mal haríamos en pensar que una formación política sólo puede ponerse al servicio –financiera, informativa y propagandísticamente– de la banda terrorista si está integrada por antiguos miembros de la misma.
La coalición Bildu debe ser ilegalizada por ser una entente voluntaria de tres partidos: Eusko Alkartasuna, Alternatiba y la ilegalizada Batasuna. El artículo 12.1.b de la Ley de Partidos es meridiano en este sentido: "Se presumirá fraudulenta y no procederá la creación de un nuevo partido político o la utilización de otro ya inscrito en el Registro que continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto".
Los informes policiales están demostrando que los independientes de Bildu son menos independientes de lo que podría parecer, en tanto en cuanto su posición en las listas emana de los votos que Batasuna considera propios. Sin embargo, lo básico para conseguir la ilegalización de Bildu no es sólo permitir que la Policía haga su trabajo, sino que el Gobierno debe instar a la Abogacía y a la Fiscalía general del Estado a que le soliciten al Tribunal Supremo la ilegalización, no de las listas contaminadas, sino de toda una formación política que incumple la Ley de Partidos. Son estos dos órganos quienes poseen el monopolio para promover la ilegalización, por mucho que sean los tribunales quienes tengan la última palabra.
El Gobierno lo sabe y parece que no va a mover ficha, en cuyo caso ETA seguirá presente en las instituciones a partir de mayo. No es algo que debería sorprendernos, pues al fin y al cabo ETA nunca ha abandonado los consistorios vascos y navarros en esencia porque el PSOE se ha negado a solicitar la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV. ¿Por qué ahora debería bloquear su entrada? Puede que el actual proceso de negociación sea más sibilino que el de la pasada legislatura, pero sus consecuencias son las mismas: la rendición del Estado de Derecho ante una banda de asesinos.