Ayer repasé el episodio más celebrado por los partidarios de la jurisdicción universal ilimitada de los jueces españoles. Fue cuando Garzón ordenó la detención del dictador Augusto Pinochet aprovechando un viaje de éste a Londres. Sucedió en 1998, casi una década después de que Chile hubiera celebrado sus primeras elecciones democráticas, y al cabo de un laberíntico proceso el Gobierno británico, entonces presidido por Tony Blair, decidió dejarle regresar a su país alegando el deterioro de su salud.
A pesar del frustrante resultado, lo de Garzón y Pinochet se convirtió en un hito y, por supuesto, en un mito. Un hito y un mito que muestran tanto el atractivo como las limitaciones de la jurisdicción universal. Lo que fascina a sus defensores es el gesto: el valor simbólico. Y, sin duda, también les fascina el gesto a quienes lo hacen. Garzón construyó su propio mito sobre aquella causa contra Pinochet. De juez de la Audiencia Nacional pasó a aclamado héroe y justiciero del universo mundo. Pero a quienes pensamos que la administración de justicia no está para hacer gestos, sino para aplicar la ley y llevar esa aplicación a término, nos importan los resultados.
Examínense las doce causas abiertas en la Audiencia en virtud de la jurisdicción universal. La de Guatemala por genocidio lleva allí quince años y se refiere a hechos sucedidos en la década de 1980. La de la represión en el Tíbet es por sucesos no menos lejanos en el tiempo, y recién se acaba de emitir orden de detención contra cinco antiguos líderes comunistas chinos, ahora octogenarios. El asesinato del sacerdote Ignacio Ellacuría, otro de los expedientes en curso, se produjo en 1989 y el del diplomático español Carmelo Soria en Chile tuvo lugar en 1976.
¿No vamos un poco lentos y también un poco lejos? ¿O es que da igual que estos casos mal llamados de "justicia universal" desemboquen en algo parecido a una sentencia? Sentencia que ha de pasar por un juicio con presencia del acusado, cosa que salvo que mandemos un comando, como hizo Israel para capturar a Eichmann, no verán nuestros ojos. Alguna razón lleva Francia cuando establece que el acusado debe encontrarse en territorio de la República. Como llevaba algo de razón el gobierno chileno cuando sostuvo que a Pinochet era en Chile, y no en España, donde había que procesarle.
Se ha lamentado estos días que los jueces y fiscales españoles, si prospera la reforma, van a ocuparse exclusivamente de lo que ocurre dentro de nuestras fronteras. ¡Como si fuera poco! Y si de crímenes hablamos, hay más de trescientos asesinatos de la banda terrorista ETA que todavía están por resolver. Más sensato parece dedicarse a administrar justicia en casa que andar impartiendo lecciones de justicia universal por la galaxia. Pero esto, claro, lo dice una simple terrícola.