A la pregunta de en qué momento se tendría que llegar a la aplicación del artículo 155 de nuestra Carta Magna, el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, ha respondido este lunes en El Mundo que a él no le gustaría ver nunca aplicado ese articulo porque ello supondría que cualquiera de los dos presupuestos de los que habla (incumplimiento por una comunidad autónoma de las obligaciones que la Constitución impone o actuar de forma que se atente gravemente al interés general de España) se habrían producido.
A la luz de tan evasiva respuesta, parecería que Pérez de los Cobos confunde la enfermedad con la medicina, el delito con su castigo, la causa con el efecto. Así, nos hemos quedado sin saber si desobedecer clamorosamente las sentencias del Tribunal Constitucional en materia lingüística, o hacer caso omiso a su reciente y unánime pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de la declaración soberanista y el referéndum secesionista, o la desviación de fondos públicos para financiar ilegales estructuras de Estado, tales como una Agencia Tributaria propia, ya constituyen, a juicio de Pérez de los Cobos, uno de esos "incumplimientos" o "actuaciones gravemente contrarias al interés general de España" de los que nos habla el articulo 155. Ahora bien, lo que es evidente es que el hecho de que estos presupuestos se hayan o no ya producido no puede depender de si el Gobierno de Rajoy reacciona o no ante ellos instando la suspensión del Gobierno autonómico de Cataluña.
Más criticable, con todo, resulta la afirmación del presidente del Alto Tribunal de que "a lo mejor sería inteligente ver las posibilidades que el Estatut ofrece para desarrollar la voluntad de autogobierno de la comunidad autónoma catalana". ¿Acaso le parece escasa la mal llamada "voluntad de autogobierno" de las élites autonómicas catalanas como para tener que "desarrollarla" a través del estatuto de autonomía? La Administración autonómica en Cataluña ya tiene más competencias y maneja más dinero del contribuyente que cualquier otra administración regional del mundo, ¿cree acaso Pérez de los Cobos que dándole aun mayores competencias y financiación a sus gobernantes va a aplacar sus intenciones separatistas?
Si la reciente historia democrática de España nos enseña algo es que la mal llamada "voluntad de autogobierno", lejos de ir siendo mitigada, se ha ido acrecentando a medida que el Gobierno central ha ido haciendo transferencias de competencias e impuestos a las autonomías. La crisis de España –tanto económica como nacional– no se nutre de la escasez sino del exceso de financiación y de competencias autonómicas. Difícilmente acrecentando el problema vamos a encontrarle solución.
Por otra parte, ¿por qué llamamos autogobierno a algo que nada tiene que con la capacidad de los ciudadanos de gobernarse a sí mismos? El autogobierno no depende de la cercanía o de la lejanía de nuestros gobernantes sino de la posibilidad de elegirlos y, sobre todo, del grado en que su intervencionismo y su voracidad fiscal se inmiscuyen en nuestras vidas y en nuestros bolsillos. Por otra parte, no entiendo que los que confunden autogobierno con la proximidad del gobernante reclamen mayores competencias y más dinero para las Administraciones autonómicas en lugar de hacerlo para los ayuntamientos y corporaciones locales.
En cualquier caso, con unas elites políticas y judiciales tan irresponsablemente reacias a hacer cumplir la ley y las sentencias, no nos extrañe que otros sigan empecinados en saltársela, sin tener necesidad de meterse el rabo entre las piernas.