Parece ser que el Gobierno del PP pretende poner fin al proceso secesionista catalán por la vía del humor. De otra forma no se entiende que, tras más de cinco años de consentir un proceso secesionista que ha conllevado la desobediencia de más de una decena de sentencias de nuestros Altos Tribunales, la celebración de una consulta secesionista, la creación de numerosas ilegales estructuras de Estado –incluida una Agencia Tributaria propia– y millones de euros en financiación extraordinaria mediante el FLA, haya salido a la palestra un amenazante Pablo Casado para advertir a Puigdemont de que "el PP no va a pasar ni una".
Ni que decir tiene que la patética advertencia del joven y malogrado dirigente popular habrá causado a los golpistas que rigen la Generalidad la misma hilaridad que les causaron hace cinco años las advertencias de Montoro sobre la "armadura" y los "mecanismos de sanción e intervención" que contemplaba la Ley de Estabilidad Presupuestaria contra aquellas comunidades autónomas que no respetasen los topes del déficit.
De lo que podemos estar seguros es de que el Gobierno de Rajoy estaba al tanto de las "ilegalidades" de la Generalidad tanto o más que el exsenador de ERC Santiago Vidal. Lo que ocurre, como no me cansaré de repetir, es que cuando el gobernante rehúye su obligación de hacer cumplir la ley está abocado a ocultar la existencia del delito tanto como el que lo perpetra. Vidal no ha tenido que dimitir por haber hecho referencia a la posesión por parte de la Generalidad de los datos fiscales de todos los residentes en la comunidad catalana. Ha tenido que dimitir por haber calificado este hecho de "ilegalidad", como si de un soplón o un españolista se tratara.
Para los golpistas que rigen la Generalidad, ni este ni ninguno de los delitos que perpetran son una "ilegalidad", tal y como ha dejado de manifiesto el vicepresidente y consejero de Economía Oriol Junqueras al reconocer este lunes que la Generalidad tiene las bases de datos a punto para asumir la gestión de todos los impuestos, una vez se produzca la desconexión que tiene prevista la hoja de ruta independentista.
Pablo Casado, como el resto de la clase política española, finge enterarse ahora de que la Administración autonómica catalana está, sencillamente, en manos de quienes no reconocen el ordenamiento jurídico español. Pero lo cierto es que ni cuando fingen firmeza y escándalo los gobernantes del PP se atreven a decir cómo piensan impedir que los sediciosos vuelvan a perpetrar otra consulta secesionista. Así que, desengáñense. Cuando oigan a Casado decir que "el PP no va a pasar ni una", den por descontado que el Gobierno de Rajoy va a continuar dejando pasar todas.
Y si no, al tiempo.