Pedro Antonio Sánchez ha presentado su dimisión como presidente de la comunidad autónoma de Murcia tras su doble imputación en la trama Púnica y el llamado caso Auditorio. Menos de dos años ha estado en el cargo, al que llegó en unas circunstancias nada envidiables para un gestor político.
La crisis económica, que el Ejecutivo de Valcárcel no supo combatir –su sucesor interino, Alberto Garre, ni siquiera tuvo tiempo de intentarlo–, había dejado a la región de Murcia en una situación calamitosa, con cifras de paro a nivel tercermundista (es decir, andaluz) y una Administración autonómica técnicamente quebrada. Además, un aeropuerto terminado pero sin posibilidad de iniciar su funcionamiento –modelo castellonense, esta vez–, unas infraestructuras ferroviarias –de nuevo– tercermundistas –el AVE igual llega a la capital tirado por tractores, allá por 2025– y el proyecto emblemático para el desarrollo regional, la dársena de ampliación del puerto de Cartagena, en el cajón de los proyectos abandonados.
Pero en este año y medio de mandato ha habido tiempo para hacer cosas, algunas de ellas muy importantes, no tanto por sus resultados prácticos (los frutos se recogerán mucho más tarde) como por lo que suponen de apuesta decidida a favor de la libertad.
El mejor ejemplo es el decreto de liberalización de la economía, aprobado por el Ejecutivo de Pedro Antonio Sánchez en abril de 2016, que permitió a los comercios una mayor flexibilidad de horarios, eliminó los trámites más farragosos de la absurda legislación medioambiental (que eternizaba el otorgamiento de las licencias de apertura) y agilizó otro sinnúmero de procedimientos administrativos en el trámite para la constitución de nuevas empresas y el inicio de su actividad.
Junto a este paquete de medidas, Pedro Antonio Sánchez –que había sido antes consejero de Educación– también se ha atrevido a enfrentarse a los poderosos sindicatos de la enseñanza pública, apostando por la libertad de los padres para elegir centro educativo y ampliando la educación concertada al Bachillerato y la Formación Profesional, dos medidas que tienen todavía en pie de guerra a las asociaciones (subvencionadas por el PP, claro) al servicio de los talibanes de la Logse.
En lo demás, ha seguido a pie juntillas la ley de hierro de los populares, que exige poner el presupuesto y la política al servicio de los delirios del submundo progre; pero esas dos decisiones, junto con la supresión del impuesto a las herencias, son servicios indudables que, con un poco de suerte, pueden perdurar.
Se trata tan solo de no seguir tocando las narices a Ciudadanos con acusaciones de integrar tripartitos diabólicos y conseguir de esta forma que resulte elegido el sucesor previamente designado para ello. Tan sencillo (¡y tan difícil!) como eso.