No es la primera vez que el nacionalismo catalán descubre sus miserias en el pantanoso asunto del terrorismo, pero no deja de sorprender el empecinamiento de sus líderes en utilizar el fenómeno criminal como instrumento político. Puigdemont, Junqueras y el resto de la tropa han dado en difundir la especie de que España, Madrid, el Estado y el Gobierno, juntos o por separado, ponen en peligro las vidas de los ciudadanos de Cataluña dado el riesgo de atentado islamista y por no reunir la Junta de Seguridad. De repente, el nivel de alerta cuatro sobre cinco decretado en todo el territorio nacional desde hace más de un año requiere una respuesta burocrática, la reunión urgente de las autoridades políticas y los mandos policiales de todas las Administraciones y cuerpos de seguridad en Cataluña.
Hasta el presente, la Generalidad sólo quería verse con el Estado para negociar el referéndum, pero la posibilidad de fabular un nuevo agravio, esta vez sobre seguridad ciudadana, ha modificado el guion separatista. España no sólo roba a los catalanes, sino que ahora los deja tirados a merced de los barbudos porque no le da la gana compartir con los Mossos datos de la lucha antiterrorista. La Generalidad insiste y hace lo que puede, pero, según el relato en curso, la Administración colonial no colabora sino que obstruye y entorpece.
Si pasa algo, la culpa será de España y luego ya, después, si acaso y en segundo término, de los asesinos. Ese es el esquema del retorcido argumentario nacionalista frente a un Gobierno que, como no se entera de gran cosa, aún se pregunta si lo que quiere la Generalidad es que vuelva la Guardia Civil. Y, claro, al ministro Zoido tal hipótesis no le cuadra con las declaraciones de los dirigentes catalanistas. En realidad y para el Ejecutivo catalán, el enemigo no es el terrorismo islámico sino España, esa España que no dialoga, que no ramadanea y en la que, a diferencia de Qatar precisamente, rige un sistema autoritario. ¿Sabe algo Puigdemont que ignore el Estado?
Superada la línea roja de endilgarle al Estado de manera preventiva las posibles víctimas de un hipotético atentado islamista, Puigdemont se ha revolcado en el fango a cuenta del trigésimo aniversario de la matanza de ETA en el Hipercor de la Meridiana de Barcelona. El presidente autonómico catalán ha demostrado hasta dónde ha caído al comparar la "persistencia" de los separatistas con la "persistencia" contra ETA. Es lo que les quedaba por oír a las víctimas de la banda terrorista, "organización armada" según la cómplice jerga nacionalista, una bofetada más a la memoria de los muertos y a la dignidad de mutilados y deudos. ¿Qué más se puede pedir?
Puigdemont realizó estas declaraciones en una solemne reunión de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalidad, la primera de la historia del ignoto ente autonómico a la que acude un president y que sirvió a los efectos de insistir en que la mayoría de los censados en Cataluña no son como la mayoría del resto de los españoles, salvo el excepcional caso en el que un socio de la Asamblea Nacional Catalana de Vich en 2017 equivale a un miembro del Foro Ermua amenazado por ETA en la Rentería de finales del siglo pasado.
¿Que no ha podido decir eso Puigdemont? Sus palabras fueron las siguientes:
Hoy hace 30 años del atentado de Hipercor. Si no hubiera sido por la persistencia, por el valor de tantas personas, algunas anónimas, seguramente ese combate no se habría ganado. Hoy podemos decir que estamos más cerca del ideal de justicia ante quienes quieren laminar la justicia porque hemos persistido. En unos años diremos lo mismo: hemos conseguido todo lo que el pueblo de Cataluña se propuso porque persistimos y porque no nos resignamos y porque no renunciamos.
¿Persistencia? ¿Combate? ¿Justicia? El exlíder de ERC Carod Rovira, en calidad de presidente de la Generalidad en funciones, pactó con Josu Ternera, asesino cabecilla de ETA, una tregua sólo para Cataluña (de la que estaban excluidos los militantes y cargos del PP) en enero de 2004, dieciséis años y medio después de la matanza en los grandes almacenes de ETA, que persistió en Cataluña durante casi dos décadas, con asesinatos de criaturas, madres, viandantes, guardias, policías, dos concejales populares y el exministro socialista Ernest Lluch.
Los separatistas dicen que el proceso comenzó en 2010, cuando una sentencia del Constitucional modificó una parte del nuevo Estatut en la que se proclamaba que Cataluña era una nación soberana. Los informantes del Gobierno fechan la ignición en 2012, cuando Rajoy recibió a Mas para hablar de la "situación". ETA mató por primera vez en Cataluña en junio de 1975. La banda asesinó a un policía llamado Ovidio López Díaz en el transcurso de un atraco a una sucursal del Santander en la calle Caspe de Barcelona. Tiempos convulsos. Dos meses después se estrenaban los Grapo en Barcelona con el asesinato del policía Diego del Río Martín, y el 9 de mayo de 1977 el Exèrcit Popular Català, luego Terra Lliure y sucursal catalana de ETA, mataba al empresario José María Bultó por el procedimiento de adosarle una bomba de relojería en el pecho. A uno de los autores de ese crimen le presentaron en TV3 hace dos años como un "gran reserva del independentismo" porque había firmado un manifiesto a favor de que la CUP levantara el veto contra Artur Mas para presidente de la Generalidad.
En aquella cumbre de 2004 entre Ternera y Carod Rovira (Josep Lluís aquí y en la China), el catalanismo asumió y se comprometió de manera pública y fehaciente a justificar los crímenes y defender la doctrina terrorista de la autodeterminación, versión hard de la plurinacionalidad y hasta aquí hemos llegado, punto en el que Puigdemont rinde homenaje a las víctimas de Hipercor, que no a las de ETA. Aunque en realidad la actual fase del proceso comenzó antes, con Pujol.