No hay nada edificante en que un secretario judicial se tenga que calar un pasamontañas para que no le vean la cara los pacifistas que intentaron entorpecer el martes las tareas de la Guardia Civil en la empresa que iba a enviar por encargo de la Generalidad las notificaciones a los presidentes y vocales de mesas del 1-O. Tarrasa no es una ciudad pequeña, pero sí de aquellas en las que casi todo el mundo se conoce.
La propaganda separatista insiste en el carácter "cívico y pacífico", cuando no "festivo", de sus actos en la calle. No parece que la imagen del secretario judicial encapuchado avale la lírica interpretación de la revuelta de las sonrisas. Tampoco ayudan las agresiones a dos trabajadores de una sede del PSC en Barcelona o los coches de la Guardia Civil destrozados en el centro de Barcelona aprovechando el anonimato que proporciona el gentío. Ni mucho menos los insultos y el señalamiento de los dirigentes y militantes de los partidos contrarios a un referéndum antidemocrático. Y aún menos que todo eso lleve el aval del presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, quien en otro ejercicio de insensata irresponsabilidad llama a la ciudadanía a tomar las calles y mantiene la convocatoria del referéndum, del que TV3 vuelve a emitir anuncios mientras se solaza en el seguimiento de las protestas separatistas y oculta los brotes de violencia.
El trabajo de la Guardia Civil en Cataluña se lleva a cabo en medio de grandes dificultades de toda índole. Aun así, ha logrado incautarse de los sobres para los miembros de las mesas, de millones de papeletas que la Generalidad había escondido en un almacén de la localidad barcelonesa de Bigas y de documentación que hará imposible que cuando todo esto llegue a juicio, si es que llega, Puigdemont y Junqueras puedan alegar, como Mas, que la consulta salió del pueblo por generación espontánea.
A la hostilidad de los jóvenes de la CUP y los desocupados por la independencia se debe añadir la pasmosa pasividad de los Mozos de Escuadra, cuyos agentes no reciben órdenes sino instrucciones contradictorias por parte de unos mandos politizados y sometidos en última instancia al criterio de un consejero, Joaquim Forn, comprometido hasta el cuello en el golpe de Estado separatista. No de otro modo estaría al frente de Interior tras la última purga en sustitución de un consejero, Jordi Jané, que se mostraba más preocupado por la amenaza terrorista que por el 1-O. Quienes hablaron con Jané los días previos a su destitución, el 14 de julio pasado, describen a un hombre obsesionado ante el riesgo de atentado, a lo que se refería explícitamente incluso en público.
Frente a la incomparecencia general de los 17.000 policías que forman el cuerpo autonómico, policías municipales de toda Cataluña y guardias civiles y policías nacionales llegados de toda España tienen que asumir el desafío a la democracia en unas condiciones de estancia lamentables y con salarios, dietas y complementos de vergüenza en comparación con sus colegas mozos. Los bochornosos episodios de estas horas ponen de relieve los efectos de la desaparición del Estado en Cataluña desde hace décadas.
Había quien sostenía de forma un tanto campanuda que los Mozos no permitirían que en Cataluña se pisoteara la ley, que a la hora de la verdad estarían en el lado correcto. Otro significativo fallo de interpretación de la realidad. A los Mozos los han puesto de canto entre quienes escupen insultos y los guardias civiles que cumplen las órdenes de jueces y fiscales y empieza a no estar claro si es para contener a los manifestantes o para velar porque los fanáticos puedan vejar sin consecuencias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De ahí que Policía Nacional y Guardia Civil hayan comenzado a evitar la ayuda de los Mozos.
El Gobierno ha llegado tarde y llega mal a Cataluña, pero ha llegado. Sólo falta que deje de parapetarse en jueces, fiscales y, sobre todo, en la Guardia Civil y la Policía Nacional y aplique el artículo 155 de la Constitución, le guste al PSOE o no. Rajoy no quiere tomar según qué decisiones en soledad. Prefiere que se partan la cara unos agentes mal pagados parachutados en territorio hostil. Provoca escalofríos la tremenda irresponsabilidad gubernativa de los últimos meses, cuando se pretendía una operación Diálogo con quienes han arrasado las libertades civiles, la democracia y la idea de España en Cataluña. Junqueras era el dialogante de la contraparte.