Con el fin aparente de que la del 21-D no sea la campaña de los presos, se está pidiendo que no haya presos cuando llegue la campaña. Lo pide un día Iceta diciendo que le gustaría que los candidatos en prisión provisional pudieran salir de la cárcel y hacer campaña sin trabas. Lo piden comentaristas no favorables al independentismo alegando que hay que derrotarlo en las urnas, no en los tribunales ni, muchos menos, por Dios, en la trena. Todos ellos, y más que se irán sumando, creen que la Justicia le haría un gran favor a la política si dejara en la calle a esos exmiembros del Govern, y al Jordi que es candidato, que ahora se encuentran entre rejas por decisión de la juez Lamela.
La Justicia, sin embargo, no tiene que hacerle ningún favor a la política. Nunca. Tiene que seguir sus propios criterios, no los que convengan o dejen de convenir a la política o a los políticos. Por su lado, a la política y a los políticos corresponde respetar la independencia judicial y abstenerse de querer influir en las decisiones de los jueces. Que un político manifieste su deseo de que la Justicia deje en libertad –o ponga en la cárcel– a un acusado no representa una mera opinión: es una presión improcedente. Peor aún si, como pienso que ocurre en este caso, implica arrojar sospechas sobre la decisión judicial de ordenar prisión provisional. Sospechas de politización, precisamente.
Es paradójico. Todo el mundo, menos los partidos separatistas y sus compañeros de viaje podemitas, sostiene que los exconsellers y los Jordis no son presos políticos. Pero luego una parte importante de ese mundo, particularmente la socialdemócrata, cree que sería buenísimo que salieran en libertad. Sea para tener una campaña electoral más normalita y tranquila, sea para no alimentar el insaciable victimismo independentista y privarlo de un nuevo agravio con el que mantener movilizadas a sus bases. En fin. Me concederán los aludidos que hay en su postura alguna contradicción: dicen que los acusados no están presos por sus ideas políticas, pero creen que deben salir de la cárcel para defenderlas. Como poco, ese segundo argumento deja muy debilitado al primero.
Ninguna razón política ha de pesar en el tratamiento judicial de los acusados de rebelión, sedición y malversación que ahora se encuentran en prisión provisional. Pero, además, todas las que se aducen son erróneas. Con o sin políticos presos, el victimismo nacionalista existirá. Con o sin candidatos en la cárcel, la campaña no será normalita. Es verdad que el separatismo no será derrotado en los tribunales. Pero es que los tribunales no se proponen derrotar al separatismo. Se proponen juzgar delitos. Esa es su función, sólo esa, ninguna otra. Y estaría buena que los tribunales dieran un trato de favor a los presuntos autores de esos delitos porque resulta que son políticos separatistas y candidatos en unas elecciones.
A Iceta le gustaría que los exconsellers y el Jordi estuvieran fuera de prisión para hacer campaña sin impedimentos. A mí me gustaría más que los exconsellers, los Jordis y los fugados no hubieran vulnerado la ley. Pero lo hicieron. La normalidad es que se les juzgue y, si procede, penalice por ello. Esa normalidad, la del Estado de Derecho, ha de estar por encima del temor que sienten algunos al efecto político que puede tener su encarcelamiento provisional en los resultados electorales. Es un temor puramente electoralista que, además, está injustificado. Porque si hay algo que ha inducido al separatismo catalán a llevar hasta el final su escalada de enfrentamiento, transgresión y abuso es su convencimiento, basado en precedentes, de que tenía coste cero.