El tiempo dirá si los separatistas finalmente consuman su tan anunciada como ilegal y nula investidura del golpista y prófugo de la Justicia Carles Puigdemont como presidente de la Generalidad. Lo que está claro es que lo van a intentar, como demuestra el bochornoso viaje que este miércoles ha hecho el presidente del Parlamento regional, Roger Torrent, a Bruselas para entrevistarse con el fugitivo con el confeso y público propósito de estudiar las distintas formas de sacar adelante su anunciado proyecto delictivo.
Aunque hayan manifestado que "lo ideal" sería perpetrar el delito mediante una investidura "presencial" de Puigdemont, ambos han dejado muy claro que no descartan una investidura en la que el candidato –y más que presunto delincuente– no esté presente. Ambas fórmulas implican una vulneración de la ley y ambas tendrían al flamante presidente del Parlamento regional como protagonista o cooperador necesario.
Para poder estar presente en la sesión de investidura, Puigdemont tendría que burlar la orden de detención que pesa sobre él sorteando el amplio dispositivo policial que se va a desplegar, tanto en la frontera con Francia como alrededor del Parlamento catalán. Y precisaría asimismo la colaboración que Torrent ya le ha ofrecido para someter su investidura a votación.
Aún mayor fraude de ley –por no hablar directamente de prevaricación– perpetraría Torrent en el caso de que se atreviera a consumar su disposición a saltarse el reglamento y los informes de los propios letrados del Parlamento regional sometiendo a votación la investidura de una persona que no está presente en la sesión de investidura. Aunque Torrent haya, al parecer, sufragado de su bolsillo su infame visita lacayesca a Puigdemont, con ello solo habrá evitado una eventual imputación por malversación de fondos públicos, pero no una por prevaricación en caso de celebrarse la mencionada investidura telemática.
No faltarán quienes quiten gravedad a esta circunstancia señalando que la investidura de Puigdemont sería, en cualquier caso, anulada por el Tribunal Constitucional, tal y como decían con los referéndums secesionistas del 9-N y el 1-O o con la declaración de independencia del pasado año. Sólo faltaría que se reconocieran efectos jurídicos al delito en favor de quien lo perpetra. La cuestión es que los separatistas parecen ansiosos por retomar su historial delictivo, con lo que ésta bien podría calificarse de tercera fase del proceso golpista y secesionista iniciado en 2012.
Al margen de la cantidad de puigdemones y de junqueras que tienen JxC y Esquerra para relevar a los originales al frente del procés, lo que parece claro es que las tan nefastas como circenses consecuencias de la aplicación tan tardía y ridículamente superficial y breve del artículo 155 de la Constitución no han hecho más que aflorar.