La más que remota posibilidad de que el Gobierno de Rajoy facilite la opción de que los niños puedan aprender español en las escuelas de Cataluña ha causado honda conmoción en el tejido social catalanista, del separatismo iracundo al socialismo facundo. La inmersión lingüística es sagrada, el fundamento de un sistema escolar que según el PSC facilita que los pobres desgraciados puedan manejarse en el idioma de los señoritos.
No es esa la ventaja evolutiva que subraya el nacionalismo más ortodoxo, cuya versión incide en el carácter propio del acento de la piedra que retumba en el fondo del alma de la patria. O sea que el catalán es cualquier cosa menos un idioma: beatífico ascensor social según el socialismo compasivo o la jerga del pueblo elegido, lengua de los ángeles, puerta de entrada al paraíso según el nacionalismo. A la contra, el castellano es idioma de pobres, la parla para dar instrucciones al servicio, una variante del murciano que los inmigrantes de Sudamérica hablan en español.
El mantra progresista es que en Cataluña no hay ningún problema de lenguas, aunque temas menores como la obligatoriedad de rotular en catalán los establecimientos abiertos al público so pena de multa pudiera indicar lo contrario. La propaganda nacionalista se basa en que en Cataluña no se puede vivir en catalán porque siempre hay algún cretino hispano, chino o paquistaní que no entiende nada, razón para aplicar con más rigor si cabe los criterios de la inmersión educativa y la normalización social del catalán. Seguir el hilo catalanista conduce a la imperativa necesidad de convertir el español en una lengua residual objeto de la misma atención que las señales de humo de los nativos norteamericanos en el sistema escolar de los Estados Unidos. Tremenda paradoja. Sin hablar catalán no se puede ser director de un banco, pero sin el manejo de un rudimentario español no se pueden comprar fideos de arroz.
En ese contexto puede resultar de todo punto improcedente recordar el caso de las últimas familias de Cataluña que fueron acosadas por pedir que sus hijos recibieran el 25% de las clases en español. ¿A quién se le ocurre? Los medios locales señalaron los negocios paternos, mientras la "comunidad educativa" se manifestó a las puertas de los colegios y los niños de los blasfemos fueron cercados en el aula y en el patio por los propios profesores. Queriendo o sin querer, el globo sonda del Gobierno ha dado en el clavo. El mero anuncio de velar por el castellano ha soliviantado a los golpistas hasta el punto de llamar a rebato a los cómplices del PSC, pero no es la lengua lo que está en juego, sino la doctrina aparejada al dialecto supremacista en el que han convertido el catalán después de cuatro décadas de implacable inmersión.