El club de fans de Puigdemont, ERC, lo que queda de Convergencia y la CUP arrastran profundas discrepancias desde que comenzara la fase final del proceso catalán. Sólo les une el odio a España y la constitución de una república identitaria. Eso les ha valido y les vale para erigirse en un bloque que maneja a golpes las instituciones de autogobierno que pretenden convertir en Estado.
Cuando más se han agudizado las tensiones internas en ese frente, más han avanzado en la desconexión con el resto de España. Las diferencias de criterio se traducen en giros maximalistas. La división no es un factor puntual que se pueda explotar para debilitar a los golpistas, sino uno de los rasgos esenciales del separatismo desde que la mafia del tres por ciento diera rienda suelta a sus instintos para hacer frente al cerco judicial contra Pujol, de cuya confesión se cumple el 25 de julio, la próxima semana, cuatro años.
En todo ese tiempo, el separatismo ha roto la sociedad catalana, se ha llevado por delante la convivencia y el futuro económico de la región. Miles de empresas, empezando por los dos bancos de bandera, se han largado de Cataluña por si acaso y lo que era un referéndum que no había existido según Rajoy en noviembre de 2014 ha degenerado en un Ejecutivo de Sánchez cuya única función es complacer a los separatistas. ¿Y Pujol? A Pujol le hacen homenajes los jerarcas del lazo amarillo.
Los resultados del proceso en Cataluña animan a los promotores del proceso en España, un golpe de Estado de cocción lenta, a baja temperatura, con minorías de conveniencia y cómplices o tontos útiles como el PSC en Cataluña. El plan de Pedro Sánchez para contentar a los separatistas es implantar el proceso en toda España, el golpe catalán en versión "estatal" con el objetivo de cargarse la Constitución y proclamar la república de la nación de naciones con el nombre de Puigdemont en las plazas de cada rincón de España. Pobres jueces los que investigan el 1-O, el 3% en general y a los Pujol en particular. Están tan solos como Felipe VI.