La indignante decisión de Quim Torra de cambiar el color de los lazos que, en solidaridad con los golpistas huidos o encarcelados, cuelgan de la fachada de la Generalidad –y de otros edificios públicos del Principado– es bastante peor que la persistencia en el clamoroso delito de desobediencia que el patético supremacista viene perpetrando desde que decidió hacer caso omiso a la orden de retirada –que no de sustitución– dictada por la Junta Electoral Central (JEC). La sustitución del color amarillo por el blanco en los lazos constituye una prevaricadora tomadura de pelo que, lejos de dar satisfacción al requerimiento de la JEC, parece a destinada a ridiculizarlo. Más aún si se tiene presente que el lazo de la vergüenza de la Plaza de San Jaime sigue estando acompañado de la proclama orwelliana –tan usada por ETA y su entorno basura– que reclama "libertad para los presos políticos y los exiliados".
Dado que Torra ha agravado su ilícito penal con su enésima afrenta a la legalidad, lo normal es que la JEC haya finalmente procedido a denunciarle ante la Fiscalía y dado orden directa a los Mozos de Escuadra para que retiren todo ese material golpista de las instituciones catalanas. De hecho, lo único que resulta todavía más vergonzoso que el comportamiento del indigno Torra es que el Ministerio Publico, de oficio o a instancias del Gobierno, aún no haya procedido contra él. En cuanto al Ejecutivo, es evidente, tal y como se ha denunciado en estas mismas páginas, que Sánchez no está interesado en romper lazos –aunque sean amarillos– con unos indeseables que le han sostenido y podrían volver a sostenerle en el poder de la nación que pretenden destruir. Sea como fuere, la omisión del Ministerio Público en este asunto es absolutamente intolerable.
Ya que el Gobierno sigue negándose a intervenir la Administración regional catalana para impedir los desmanes de la canalla golpista que la maneja, confiemos en que la Justicia sí cumpla con su deber. Pero para que en este asunto Torra pueda ser justamente condenado, al menos a la inhabilitación, será preciso que la Fiscalía haga algo más de caso a la denuncia planteada por la JEC que el que le ha dispensado el propio Torra.