Mucha alegría y gran satisfacción en el bando golpista. Tres procesados en rebeldía, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín, pueden presentarse a las elecciones europeas. El Tribunal Supremo, por delegación a un juzgado de Madrid, falla en contra del criterio de la Junta Electoral Central (JEC). Tanto da presentarse ante la Justicia que fugarse del país tras pegar un golpe de Estado. Puigdemont competirá contra Junqueras en las elecciones europeas.
La decisión se ajusta tanto a derecho como incongruente resulta a simple vista. Si ya es discutible que personas que están siendo procesadas por delitos tales como el de rebelión se puedan presentar a las elecciones con programas que reinciden en la rebelión, que Puigdemont, el máximo cabecilla del golpe, vaya a encabezar una candidatura para las europeas con los votos a favor de magistrados del Tribunal Supremo es directamente incomprensible.
Llueve sobre mojado. En España sólo los exterroristas no arrepentidos pueden optar a credenciales parlamentarias, y existe una Ley de Partidos de puro adorno en cuya exposición de motivos se alega que el objetivo es evitar que prosperen las formaciones que atenten de manera grave y reiterada contra la democracia en España, cual es el caso de las de los nacionalistas catalanes y vascos.
Así que lo extraordinario fue la decisión de la JEC, no que se haya revocado, de modo que el golpista preso Oriol Junqueras, que además de diputado en el Parlament ha sido elegido diputado en el Congreso y se presenta para eurodiputado, se disputará el voto separatista con el golpista fugado Carles Puigdemont, que puede hacer declaraciones, montar mítines y comer mejillones cuando le plazca en plena libertad deambulatoria, siempre que no se acerque a España. En cambio, Junqueras se tiene que conformar con los espacios electorales desde Soto del Real.
A pesar de las obvias ventajas, el entorno de Puigdemont se queja de que las peripecias judiciales de su candidatura le sitúan en inferioridad de condiciones electorales. Es el victimismo elevado al cubo. La "injustícia espanyola" (así se refieren a los tribunales en el separatismo) deja presentarse a las europeas a un prófugo y los partidarios del evadido más el mismo fugado se quejan porque el debate jurídico que les hace la campaña ha durado cuatro días.
Cuatro días en los que ha figurado al frente de la candidatura a modo de sustituto el letrado de Puigdemont Gonzalo Boye, condenado por el secuestro de Emiliano Revilla, en manos de la ETA durante 249 días. De los catorce años que le cayeron, Boye cumplió seis que aprovechó para licenciarse en Derecho. Ahora es uno de los abogados del prófugo y va y viene de Madrid a Barcelona y Waterloo en representación de un individuo que se fugó de España al ser citado por la justicia tras cinco advertencias del Tribunal Constitucional.
Tal vez el Tribunal Supremo haya querido evitar que la no aplicación de la Ley de Partidos propiciara que un exterrorista supliera a un expresidente de la Generalitat en una candidatura electoral. Si ERC no protesta en voz alta es porque su secretaria general, Marta Rovira, hizo caso a Puigdemont y se fugó a Suiza en cuanto fue citada a declarar por la Audiencia Nacional. La moderación de ERC es que no ha tenido el cuajo de meterla en la candidatura de las europeas. Probablemente en agradecimiento obtengan un puesto en la Mesa del Congreso de país a abatir.