Era de esperar que un gobierno tan sectario y entregado a la extrema izquierda podemita y a las formaciones separatistas como el que preside Pedro Sánchez fuera a castigar y a discriminar, tanto política como financieramente, a las comunidades autónomas gobernadas por la derecha. El caso de Murcia, cuyo gobierno regional está en manos del PP y donde Vox consiguió ser la formación política más votada en las últimas elecciones generales, es victima insuperable de esta inquina del Gobierno contra toda administración que no esté en manos de los socialistas o de sus socios de gobierno.
Ya con ocasión de la investidura de Sánchez como presidente de Gobierno, el presidente murciano Fernando López Miras, salió a la palestra para advertir que el "precio de la gobernabilidad" sería "la discriminación entre territorios y entre personas" y para exigir al Gobierno "el mismo trato con todas las regiones, sin excepciones". Ya para entonces había motivos más que justificados de queja: En los meses de noviembre y diciembre el Ministerio para la Transición Ecológica se negó a autorizar trasvase alguno del Tajo al Segura a pesar de que los técnicos habían informado favorablemente. Cuando por fin el ministerio de Teresa Rivera autorizó el trasvase, este fue de tan solo 16 hectómetros cúbicos a pesar de que la Comisión Central de Explotación del Acueducto había autorizado el envío de más de 20 hectómetros.
Otro tanto se podría decir en el ámbito financiero: Nada más tomar la decisión de no devolver a las comunidades autónomas lo recaudado por el IVA en el año 2017 -una cantidad que alcanzaba en Murcia los 84 millones de uros-, la ministra de Hacienda María Jesús Montero, intervenía las cuentas de esta Comunidad autónoma a pesar de que su retraso en el pago de facturas a sus proveedores no era muy dispar que la de otras comunidades en manos de la izquierda.
A comienzos de este mismo mes, el gobierno de Sanchez bloqueaba un préstamo europeo para recuperar el Mar Menor porque Murcia ha osado rebajar el impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Esta misma semana, el Gobierno de Sánchez, que viene haciendo la vista gorda ante los delitos perpetrados por la sediciosa administración autonómica catalana sobre la base de que "no hay que judicializar la política", llevaba a los tribunales al gobierno murciano por haberse atrevido a conceder a los padres de los alumnos la libertad de poder vetar en las escuelas, mediante el llamado PIN parental, toda formación extracurricular que consideren contrarios a sus valores ideológicos y morale
No menos próxima a la prevaricación administrativa está la clamorosa discriminación que acaba de sufrir la comunidad de Murcia en la concesión de ayudas del Gobierno por los gravísimos daños ocasionados por el temporal Gloria: Mientras el gobierno ha destinado 4,4 millones de euros a Baleares, 5,75 millones a Cataluña y 8, 1 millones a la Comunidad Valenciana, la región Murciana, tanto o más perjudicadas que las anteriores, no ha recibido un solo euro.
La justificación dada por el delegado del gobierno para tamaña discriminación es tan bochornosa como la de decir que las "costas que han sufrido daños por la Gloria en Murcia son privadas"(sic). Al margen de que los daños sufridos en esta comunidad no sólo se han producido en las playas, la ley de aguas, en su artículos 1 a 6, tal y como ha señalado el PP de Murcia, establece que el mar territorial, las aguas interiores, las islas, las albuferas, las playas y, en general, todo el litoral español, conforman el dominio público marítimo terrestre, de titularidad y competencia exclusivamente estatal. Por tanto, todas las playas murcianas, y por extensión españolas, son públicas por prescripción legal, sin que quepa la propiedad privada sobre las mismas".
Se dice que "Roma no pagaba a traidores". Está visto que el gobierno de Sanchez gobierna con ellos y que no sólo no paga sino que castiga a todos aquellos que, manteniendose leales al orden constitucional, no comulgan con esa traición a la libertad y la igualdad de todos los españoles.