Ley histórica, dicen. Lo será si por histórico se entiende que una Ley de Educación tenga por objetivo principal el de asegurarle al Gobierno la aprobación de sus Presupuestos. Ni siquiera se ha fingido, en esta ocasión, que se escuchaba a los sectores concernidos y a los expertos, como tampoco se ha simulado el intento de alcanzar el mayor consenso posible. Ya es norma que en cuanto el Gobierno cambia de color, cambie la ley que ha de regir la enseñanza, pero no se había visto de forma tan evidente la subordinación de la norma educativa al empeño de garantizar los apoyos necesarios para la supervivencia de un Ejecutivo.
Será ley histórica, sí, pero de resultas de que un partido como Esquerra Republicana la exhiba como trofeo, porque a través de esa ley ha conseguido blindar la inmersión lingüística en Cataluña. Cierto que allí la inmersión, ese sistema único en la Europa democrática, se venía aplicando haciendo caso omiso de las sentencias de los tribunales. Pero la eliminación del español como lengua vehicular de la enseñanza es, en efecto, un triunfo del separatismo montaraz y una derrota de la libertad y la igualdad de los españoles. No iba a privarse Esquerra de celebrar todo eso en público. Como celebrará que el blindaje de la inmersión blinde las desventajas académicas y económicas que conlleva para los alumnos que tienen el español como lengua materna.
La ley no ataca a la libertad, sino al privilegio, dicen sus promotores. Los efectos de las leyes educativas que han emanado del bondadoso corazón igualitario son, sin embargo, conocidos. La pérdida de calidad de la enseñanza pública, ya lograda con leyes precedentes salidas del mismo tronco, no afecta a los privilegiados, sino a aquellos que no se pueden permitir el circuito alternativo de colegios privados y universidades extranjeras. Lo que promete esta Ley Celaá es continuar socavando la calidad de la pública y, de ese modo, la igualdad de oportunidades. Y, en la tradición de rebajar el nivel para asegurar la igualdad de resultados, va a garantizar una nueva devaluación de los títulos, al disponer la posibilidad de conseguirlos con suspensos.
La ministra está feliz, no obstante. En la agitada historia de nuestras leyes de educación no había, aún, un cambalache de estas características. Era lógico pensar que no se podía hacer peor. Celaá ha demostrado que sí, se puede. Todo un hito.