El Gobierno y sus aliados políticos y mediáticos han puesto en marcha una vasta campaña contra la Comunidad de Madrid cuya sustancia es extender la especie de que la política fiscal de la región es el principal peligro para la unidad y cohesión de España. Así es que en el país de los privilegios fiscales y económicos del País Vasco y Navarra y del golpe de Estado en Cataluña, el problema es Madrid. Tal cual.
La premisa es tan descabellada, disparatada y falsa que es probable que cuaje. Les funcionó a los separatistas catalanes, que durante años fueron capaces de envenenar la convivencia con el mantra "España nos roba", basado en la supremacista teoría de que andaluces, extremeños, murcianos y madrileños vivían sin pegar palo al agua gracias a los impuestos que pagaban los sufridos y laboriosos catalanes.
Ahora se trata de sostener la tesis de que en Madrid es un paraíso fiscal donde los ricos no pagan impuestos y se tocan el níspero a dos manos protegidos por una Administración autonómica desleal que esquilma patrimonios y empresas de otras regiones y amenaza gravemente el equilibrio territorial y, lo que es peor, la igualdad de derechos y oportunidades de los españoles.
Medios como La Vanguardia sostienen sin ambages ni medias tintas que la política fiscal de los Gobiernos populares de Madrid es el primer problema territorial español. Sí, el diario de Godó, el medio que amparó los desmanes de Pujol, los disparates de Mas y los desvaríos de Puigdemont y Junqueras, dice ahora que no es España sino Madrid quien roba, y no sólo a los catalanes sino a todos los españoles. Con un par.
El mencionado diario y ERC no han abandonado de la noche a la mañana sus ambiciones separatistas. En todo caso las han aplazado y ahora están en otra guerra, la que Sánchez e Iglesias libran contra Madrid, cuyo modelo fiscal deja en evidencia el sistema de rapiña extractiva del Gobierno y de la Generalidad catalana.
El caso de la Administración regional de los separatistas es directamente alucinante. Durante años han agudizado la inseguridad jurídica, generado inestabilidad política y económica a chorros, demonizado y sancionado a pequeñas y grandes empresas por utilizar el idioma español, amenazado y coaccionado a quienes rehusaban someterse a los dictados de la supuesta nación catalana, masacrado a impuestos a empresas y particulares, expulsado a la banca local, a la industria de la automoción, a la hotelera... Y ahora, después de los estragos del Procés, el problema es que la Comunidad de Madrid, sin incumplir ninguna ley, con absoluto respeto por el marco autonómico y las normas constitucionales, haciendo un uso estrictamente legal de sus competencias, sin soflamas contra España ni chantajes al Gobierno, aplica una política fiscal menos lesiva para sus ciudadanos que la siempre leal Cataluña.
Mientras la deuda per cápita en Madrid es de 5.000 euros, en Cataluña supera de largo los 10.000; mientras Madrid gestiona tres tributos propios, Cataluña dispone de 18; mientras la deuda pública total en Madrid es de 33.500 millones, en Cataluña rebasa los 79.000. Eso sí, Cataluña tiene una red de embajadas en el extranjero que ya querrían para sí muchos Estados independientes más poblados, está montando una agencia espacial, registra un desvío de más de cinco millones de euros en las obras de una línea de metro a mayor gloria de los trincones del 3% y hasta se permite el lujo de sostener un presidente "legítimo" en Waterloo y otro en funciones en Barcelona. Pero el problema es Madrid.
La excusa de la armonización fiscal que aduce Sánchez sería creíble si tal armonización incluyera el País Vasco y Navarra, pero, claro, no es el caso. De lo que se trata es de aniquilar el modelo de éxito madrileño y brear sin alternativa a todos los españoles, en un esfuerzo fiscal tendente a soportar el peso cada vez más asfixiante del Gobierno y los gobiernillos regionales.