Se podría entender la gobernación de un país (no hace falta decir “gobernanza”) como una gigantesca empresa. La cual aparece, en la España actual, con un enorme déficit, que supera el valor de todo lo producido durante un año por todos los españoles. Ante una situación tan grave, habría que pensar en algún plan de ahorro, o de buena administración, de los servicios públicos. Es algo más que una reforma administrativa al uso, emprendida tantas veces.
Para empezar, no tiene fundamento que el Gobierno central mantenga la estructura de más de una veintena de ministerios. Los pobres ministros ya no caben en torno a la misma mesa. Cada uno de ellos exige despachos, altos cargos, personal y gastos, que se podrían ahorrar, simplemente, comprimiendo el número de carteras. Bastaría y sobraría con una docena para organizar el servicio público, sobre todo en la actual situación de penuria. Existe una constante numérica en distintas organizaciones. Desde que Jesucristo eligiera a doce apóstoles, se sabe que la plana directiva superior de cualquier organización (pública o privada) se arregla mejor con un número limitado de miembros. Más de veinte parece un exceso.
Resulta un derroche el ejército de asesores (con distintas etiquetas), que pululan en todos los escalones de la Administración Pública. No estaría de más que los contribuyentes conocieran ese número y, sobre todo, la presumible tendencia expansiva durante los últimos lustros. Se sabe que, frente a la tradicional recluta de funcionarios de carrera, el elenco de asesores y equivalentes es nombrado a dedo. Comprendo que nos encontremos sumidos en la economía digital, pero no hay que sacar de quicio las metáforas. Debemos suponer que la incorporación de muchos empleados públicos a dedo es una proporción más elevada en los Gobiernos regionales (mal llamados “autonómicos”). Es fácil colegir que el asesorato da lugar a relaciones de amiguismo o nepotismo; es decir, corrupción. Obsérvese que, en los últimos decenios, los casos más notorios de corrupción se han dado en los Gobiernos regionales. En ellos no cuentan mucho los grandes cuerpos de funcionarios de carrera y sí los cargos de confianza.
Todas las organizaciones públicas necesitan ser revisadas continuamente para que su productividad sea razonable. Una comparación inquietante: solo la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, ha dado lugar a más de medio centenar de premios Nobel científicos. Pues bien, España cuenta con más de ochenta universidades; sin embargo, entre todas ellas han producido un solo Nobel científico. Me refiero a Santiago Ramón y Cajal, a principios del siglo XX. (No cuenta Severo Ochoa, que fuera investigador en universidades estadounidenses). Bien valdría concentrar los esfuerzos y reducir el número de universidades españolas a una docena. Por cierto, no vendría mal que, para que una universidad pudiera justificar su denominación, debería poder ofrecer cursos en inglés. Eso significaría la normal contratación de profesores visitantes de otros países. Por otro lado, el conocimiento elemental de ese idioma debería ser una condición, junto a otras, para que los estudiantes universitarios pudieran matricularse. Esa exigencia no debe entenderse como una discriminación, pues la estructura educativa española cuenta con miles de centros en los que no cabe el requisito de conocer el inglés elemental.
Parece sobremanera ingenuo pedir reformas al actual Gobierno, tan doctrinario. No hay más que anotar este hecho: el Poder Ejecutivo lo ostenta el Partido Socialista Obrero Español, una formación republicana por su historia secular. De la misma cuerda ideológica son sus socios principales: Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya y Partido Nacionalista Vasco. Es fácil predecir las posibles reformas de tal conglomerado. Otra cosa es cierta: la posible Tercera República no llegará a España con el júbilo popular con que se inauguró la Segunda. En ese hipotético caso del próximo cambio de régimen y de Constitución, se adivina que habrá violencia.