El 22 de octubre de 2019, una semana después de que el Supremo diera a conocer la sentencia por el golpe separatista de dos años antes, el condenado Oriol Junqueras dijo que era un "orgullo estar aquí [en la cárcel] por poner unas urnas", y expuso su posición ante un posible futuro indulto. "Se lo pueden meter por donde les quepa", declaró con su habitual finezza. Sin embargo, fuese cual fuese la posición de Junqueras, la cuestión, y tanto entonces como ahora, era si al Gobierno le cabría por alguna parte el indulto a los dirigentes separatistas condenados, dado que es el Consejo de Ministros el que puede concederlo o no.
Pieza clave en el proceso es el Ministerio de Justicia, cuyo titular acaba de decir que "no hay asustarse" con los indultos a los separatistas, sino verlos "con naturalidad", ya que el indulto está en la normativa, y nada menos que desde 1870. Llama la atención que el ministro Campo dé como argumento para "no asustarse" que la norma esté ahí desde tan lejana fecha. En cualquier otra circunstancia, un ministro socialista hubiera dicho que una norma del siglo XIX es una norma que hay que cambiar, por eso de la adaptación y la modernización. Es más, es exactamente lo que hizo el propio Campo cuando, en enero de 2020, sostuvo que había que cambiar los delitos de sedición y rebelión, también para favorecer a los separatistas condenados.
Campo dijo entonces que esas figuras penales eran "más propias de ataques a la soberanía en el siglo XIX", cuando se pensaba en ataques "con tanques en la calle". Bien. Pasemos de largo sobre el hecho de que Campo ponga tanques en el XIX, cuando aparecieron en el siglo XX. Pero hay que hacer notar que utilizó el mismo truco del almendruco para proponer aquella reforma que para preparar ahora el terreno del indulto. Dijo que había que hacerla "sin asustarse". El caso es que aquella reforma no la ha hecho, lo cual parece significar que se asustó. Y ahora que ha vuelto con lo del susto, ¿se va a asustar el Gobierno o no?
Tras el informe desfavorable de la Fiscalía, y una vez que emita el Supremo el suyo, que se prevé igualmente contrario, la cuestión queda más que nunca circunscrita al ámbito del Consejo de Ministros, que no tendrá nada sólido en que apoyarse si quiere introducir forzosamente el indulto al separatismo en su agenda política y electoral. De hacerlo, lo hará sin la compañía de ningún informe favorable, situación inusual, pero con el apoyo de su socio de coalición y sus aliados parlamentarios separatistas, y con la satisfacción de la propia Esquerra, a la que no le importará ahora aplicarse el dicho de su líder y meter aquellas palabras desafiantes allí donde buenamente puedan caber.
La pregunta es qué teme más el Gobierno. Descartemos que le asuste dar alas al separatismo, desdeñar el criterio de la Fiscalía y del Supremo y darle una patada al Estado de Derecho. Si temiera todo eso, hace tiempo que hubiera dicho que no concedería ese indulto. El dilema, por lo tanto, se reduce. Qué teme más el Gobierno: ¿el posible precio político de indultar a quienes quisieron romper la nación y el orden constitucional o la seguridad de quedarse sin socios parlamentarios para terminar, como pretende, la legislatura? Formulado así, parece clara la respuesta. Habrá indultos.