En Chueca se manifiestan veinte pringados energúmenos gritando consignas como "¡Fuera maricas!". Una auténtica rareza en España, uno de los países más avanzados en cuanto a los derechos sociales de que disfrutan los colectivos LGTBI, los cuales cuentan con amplia simpatía social y respaldo laboral. Una de sus celebridades mediáticas recuerda cada dos por tres que es "rojo y maricón" como marchamo para el estrellato y el negocio. Sin embargo, la izquierda pretende agitar el fantasma de una homofobia generalizada en España para sacar rédito partidista de un electorado que consideran cautivo.
En Mondragón también hay energúmenos, los abertzales que van a increpar a las asociaciones de víctimas del terrorismo que protestan ante los Gobiernos español y vasco por la impunidad con que los etarras son homenajeados desde Santurce a Bilbao llegando hasta San Sebastián. La diferencia entre los que gritan "¡Fuera sidosos de Madrid!" y los del "¡Fuera españoles de Euskal Herria!" es que los segundos disfrutan de la complicidad y el respaldo del PNV y del PSOE, que cuentan con los resortes legales y sociales para que sus socios de la extrema izquierda nacionalista (EH Bildu es la segunda fuerza en el Parlamento vasco) sean tratados con el mismo desprecio moral y rigor jurídico que dedicamos a los neonazis.
Los delitos de odio (hate crimes) son una innovación legal que nos llega de los EEUU para combatir específicamente los crímenes producidos por prejuicios. En España se ha importado la figura sin más, pero no se ha aplicado correctamente, porque si bien en los Estados Unidos son minorías étnicas como los negros y los latinos las que sufren acoso social, discriminación política y violencia en todos los niveles, en nuestro país tenemos que son los propios españoles los discriminados sistemáticamente por los nacionalistas en Cataluña y el País Vasco, desde el sistema educativo al ámbito político y la dimensión social, incentivados por los métodos mafiosos y terroristas habituales en la extrema izquierda marxistoide, que ha abandonado las armas pero no la intimidación, la agresión y la expulsión de los que disienten de los dogmas de la tribu.
En Alemania, además, se persigue el speech hate, el discurso del odio, que penaliza la libertad de expresión en los casos vinculados al nazismo y sus víctimas: los judíos, los gitanos, los homosexuales y las ideologías que los combatían. En España, sin embargo, se permite que la televisión pública catalana identifique la maldad con hablar en español (¡en un programa para niños!), siguiendo el antiguo patrón racista de deshumanizar a los grupos que se pretende exterminar física o socialmente.
Puede parecer increíble que en un territorio español haya que aplicar el artículo 510 del Código Penal para proteger a los españoles de otros españoles. Pero es que si en los años 30 Ortega y Gasset dictaminó que con los nacionalistas sólo cabía sobrellevar la convivencia, desde la Transición los políticos de la derecha y la izquierda llegaron a la conclusión de que ante los nacionalistas sólo cabía la rendición a plazos. La xenofobia en el País Vasco y Cataluña se traduce en hispanofobia. Hasta tal punto que en los medios de comunicación nacionalista la palabra tabú España se suele sustituir por Estado. Y en el sistema educativo el ideal infame que se esconde detrás de la inmersión lingüística es el intento de hacer desaparecer el español para que Cataluña se convierta en una región monolingüe, aunque ello suponga meter en el armario de la censura para las ferias internacionales a los mejores escritores de la región.
Por ello es necesario desde la sociedad civil no mantener el silencio acomodaticio y apoyar electoralmente a todos aquellos que conviertan el ser español en un motivo de orgullo y una reivindicación de derechos civiles. Manuel Azaña respondió a los anarquistas que lo recibían en los mítines al grito de "¡Abajo la burguesía!" con un airado: "¡Idiotas, yo soy burgués!". Parafraseando al político republicano, digamos a los acomplejados de todos los partidos constitucionalistas que no se atreven a desafiar el monopolio nacionalista en el Parlamento, la televisión y la educación: "¡Idiotas, yo soy español!".