El presunto hackeo de los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles, que, con independencia de que se haya producido realmente, ha sido utilizado por el Gobierno como cortina de humo para no tener que defender con la mayor naturalidad la legalidad y legitimidad del presunto espionaje a más de 60 personas implicadas en el golpe de Estado separatista, está generando al Ejecutivo graves problemas internos. Así, y aunque Robles haya hecho este miércoles ante la comisión de Defensa del Congreso una encendida defensa del CNI –y de su directora, Paz Esteban–, sus palabras no han evitado que sus socios comunistas y separatistas volviesen a pedir su destitución.
Lo peor es que la brecha en la seguridad del Estado que ha desvelado el Ejecutivo ha provocado también una guerra entre la propia ministra de Defensa y el ministro de la Presidencia, Felix Bolaños, en torno a la cuestión de quién era el responsable de la seguridad del móvil del presidente. Y es que si, por un lado, se supone que las labores de contraespionaje corresponden al CNI, dependiente del Ministerio de Defensa, no es menos cierto que, cuando se produce –mayo del 2021– el presunto hackeo al móvil de Sánchez Bolaños era secretario general de Presidencia y de él dependía, según el BOE, "la asistencia en materia de administración económica, personal, mantenimiento y conservación, medios informáticos y de comunicaciones". El hecho, pues, de que la seguridad de las comunicaciones del Gobierno no dependiese del CNI sino del Departamento de Seguridad de Moncloa, que estaba bajo las ordenes de Bolaños, deja en el aire quién debe asumir la responsabilidad.
Estamos ante una situación esperpéntica en la que, además de no tener seguridad de que el hackeo tuviera lugar, nadie en el Ejecutivo parece ser consciente de que ello haría inevitables las destituciones al máximo nivel. Ya es más que cuestionable que el Gobierno haya revelado que Sánchez ha sido espiado, cosa que jamás ha admitido abiertamente ningún mandatario de ningún otro país, para no dejar en evidencia la vulnerabilidad de sus servicios de seguridad. Lo lógico hubiera sido haber llevado a cabo una discreta investigación interna y depurar no menos discretamente las responsabilidades pertinentes. Sin embargo, lo que ha hecho el Ejecutivo es desvelar urbi et orbi esa falla de seguridad sin tener la menor intención de asumir la preceptiva responsabilidad política y con el único propósito de desviar la atención y la presión de sus socios separatistas, que no se escandalizan por que entre sus filas haya políticos implicados en un golpe de Estado, sino por el supuesto hecho de que hayan sido espiados por los servicios de seguridad del Estado. Eso, sin olvidar cómo el PSOE ha facilitado el acceso a la Comisión de Secretos Oficiales a formaciones golpistas o proetarras como ERC o Bildu.
Es esta clamorosa incompetencia, unida a una falta de escrúpulos sobrecogedora, lo que está poniendo en evidencia el Gobierno sin necesidad de espionaje alguno.