Es cierto que no faltan voces hasta en los sitios más insospechados que tratan de excusar o incluso de justificar que Feijóo haya claudicado y finalmente accedido a negociar con el PSOE la designación política de todos los vocales del CGPJ sobre la base de que eso mismo hicieron en su momento Aznar y Rajoy con los entonces máximos dirigentes del PSOE. Aun así, no deja de resultar surrealista y deplorable este delirante argumento según el cual los errores o desafueros de tus antecesores no te imponen el deber de corregirlos sino un supuesto derecho a reincidir en ellos. Más aún si tenemos presente que el PP de Feijóo se dispone a traicionar una vez más el principio de separación de poderes en beneficio de un PSOE mucho más envilecido y rehén de formaciones abiertamente contrarias al ordenamiento constitucional —comunistas, separatistas y proetarras— que lo estuvo nunca el partido liderado por Felipe González e incluso José Luis Rodriguez Zapatero. Eso, por no recordar otra diferencia añadida como es la de que Feijóo se dispone a perpetrar su felonía en unos momentos en que la propia UE, a diferencia de su mutismo durante las legislaturas pasadas, no para de reclamar, en la misma línea que el burlado articulo 122.3 de la Constitución española, que al menos la mitad de los jueces sean designados por los propios jueces o magistrados.
Si a todo lo anterior sumamos el hecho de que el PSOE y ERC estén negociando la eliminación o incluso erradicación del delito de sedición a cambio de que la formación golpista catalana respalde los Presupuestos del Gobierno; y que el PP, lejos de romper las negociaciones para retomar la olvidada exigencia de una reforma previa de la nefasta Ley Organica del Poder Judicial de 1985, está acelerando las negociaciones políticas con el PSOE en torno al CGPJ, podemos concluir que "el obsceno espectáculo de ver a los políticos nombrar a los jueces que pueden juzgar a esos políticos", tal y con fugaz acierto lo describiera Alberto Ruiz Gallardón, está siendo más nauseabundo que nunca.
Téngase en cuenta, además, que este mismo miércoles el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de constitucionalidad presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra ese fraude de ley que constituyó la reforma legal del parlamento de Cataluña para no tener que cumplir la sentencia que concede a los catalanes el derecho a recibir al menos el 25% de horas lectivas en castellano, lengua materna de más de la mitad de los catalanes. Sin embargo, ¿qué cabe esperar de un Tribunal Constitucional con mayoría afín al PSOE, cosa que sucederá tan pronto como PSOE y PP renueven el CGPJ? Sabemos que Sánchez no tiene el más mínimo interés —todo lo contrario— en que el Tribunal Constitucional le obligue a hacer cumplir la ley en materia lingüística en Cataluña; la cuestión que nos debemos plantear es si Feijóo rehúye también esa obligación de hacer cumplir la ley tal y como tan clamorosamente hizo Mariano Rajoy, no ya sólo ante la ya entonces declarada ilegal inmersión lingüística en catalán, sino también ante dos ilegales consultas separatistas que constituyeron un auténtico golpe de Estado al que los nacionalistas no renuncian.
Sea como fuera, lo que no es admisible es que un dirigente del PP que aspira a ser, no continuador, sino alternativa a Pedro Sánchez, sea participe de un espectáculo tan obsceno y peligroso para la unidad y continuidad de España como Estado de derecho.