El golpe de Estado separatista ha triunfado. Cinco años después de los "hechos" de octubre de 2017, como califican a la asonada la izquierda y sus medios afectos, el Gobierno de España ha claudicado frente a unos delincuentes ya condenados o todavía prófugos. La reforma del Código Penal para cambiar el delito de sedición por el vago concepto de "desórdenes públicos agravados" es una victoria sin paliativos de quienes no dudaron en poner en riesgo vidas humanas para conseguir su propósito. Uno de los hechos más significativos del proceso separatista es que no hubo muertos, a pesar de que el independentismo llegó a teorizar sobre la posibilidad de que una víctima real de su lado desencadenara la independencia de un modo irreversible. Sin embargo, el herido más grave de todo el proceso fue un agente de la Policía Nacional al que hirieron en las protestas por la sentencia del Tribunal Supremo. Tras semanas en coma y meses en el hospital, el agente fue dado de baja del Cuerpo Nacional de Policía.
La "revolución de las sonrisas" fue al principio un movimiento pasivo agresivo que degeneró en una actitud directamente violenta jaleada por todos los responsables del gobierno autonómico catalán, por los jefes de la Assemblea y Òmnium, por la inmensa mayoría de los medios de comunicación de Cataluña, de TV3 a La Vanguardia, de la radio pública autonómica a la emisora del conde de Godó pasando por todos los periódicos de papel del editorial conjunto y los digitales separatistas sufragados con dinero público. Son los medios de la élite que controla la vida política, social, cultural y en buena parte económica de Cataluña. Una selecta minoría, clases acomodadas contaminadas por el supremacismo, menos de un tercio de la población catalana.
Reformar el Código Penal para eliminar el delito de sedición, por el que trece de los responsables del golpe de Estado fueron condenados por el Tribunal Supremo, implica anular su sentencia, ya que según el nuevo Código Penal a la carta de los separatistas, lo que culminaron en septiembre y octubre del año 2017 no fue rebelión ni tampoco sedición. Como mucho, unos desórdenes públicos penados con cinco años de cárcel en el caso agravado de que los Mossos hubieran sacado directamente las metralletas.
Los indultos a los golpistas son una minucia en comparación con la última maniobra de Pedro Sánchez, que abre la puerta a una nueva intentona golpista. No se necesitan más ingredientes que un par de años o tres de propaganda masiva y represión de los disidentes, tres o cuatro manifestaciones aparentemente masivas y el señuelo de un referéndum más falso y grosero que unas elecciones en Corea del Norte. Con muertos, cinco años como mucho. Junqueras ya se puede presentar a las próximas elecciones. Y si Puigdemont no vuelve es porque no quiere.