A nadie le puede caber la menor duda de que la manifestación celebrada ayer para protestar contra la reforma sanitaria emprendida por la Comunidad de Madrid tenía un marcado sesgo político. La oposición izquierdista madrileña impulsó desde el primer minuto esta concentración ciudadana y aprovechó para pedir el voto a todos los asistentes de manera indisimulada. De esa manera, socialistas y la facción podemita liderada por la inefable Mónica García culminaron varias semanas de boicots a los planes de la Comunidad de Madrid para mejorar la Atención Primaria, precisamente el ámbito de la sanidad pública más necesitado de reformas en todo el territorio nacional.
El origen del conflicto está en la reapertura de los centros sanitarios 24 horas, diseñada a través de un plan estratégico que no ha convencido al personal que atiende esos servicios de urgencias. Los médicos y enfermeros involucrados en esa reforma tienen todo el derecho a pedir las modificaciones que consideren necesarias en defensa de sus derechos laborales y para mejorar la atención asistencial de sus pacientes. Pero lo que no es de recibo es que se utilice un conflicto limitado a una parte de la vasta estructura sanitaria existente en la Comunidad de Madrid para dinamitar todo el sistema como está tratando de hacer la izquierda desde hace varias semanas.
De creer la propaganda elaborada por los grupos izquierdistas y difundida a los cuatro vientos por sus medios afines, la sanidad pública en toda España sería un dechado de excelencia, con recursos abundantes y ausencia de listas de espera, mientras que Madrid sería una isla desastrosa, con un sistema destrozado por empeño personal de Isabel Díaz Ayuso y su equipo. Sin embargo, más allá de conflictos laborales como el de las urgencias extrahospitalarias, lo cierto es que la sanidad pública en Madrid funciona mucho mejor que en no pocas comunidades controladas por esa misma izquierda, que ayer salió a las calles madrileñas para exigir lo que no es ni de lejos capaz de hacer allí donde gobierna. Los datos son suficientemente elocuentes para poner de manifiesto el empeño del Gobierno de Díaz Ayuso en mejorar constantemente los estándares de atención sanitaria a la población madrileña, que no por casualidad cuenta con las tasas más altas de aprobación entre los usuarios.
La Consejería de Sanidad madrileña tiene el deber de alcanzar un acuerdo con los sanitarios e introducir los cambios necesarios para que su modelo de atención de urgencias sea un éxito, como ocurre con la atención hospitalaria. Los sindicatos y la izquierda, por su parte, deberían dejar de utilizar problemas estructurales que afectan a toda España, como es la falta de médicos de atención primaria y pediatras, para explotar políticamente el descontento de unos ciudadanos a los que tratan de confundir por todos los medios a su alcance. En eso son tan hipócritas como Pedro Almodóvar, conocido evasor fiscal y cliente de las mejores clínicas privadas, que ayer acudió al llamado de la izquierda para sostener una pancarta pidiendo más recursos para una sanidad pública que él, precisamente, ni financia ni utiliza.