No parece que sea propio de un régimen que se proclama democrático que su Gobierno llegue a consumar un trueque parlamentario en el que, a cambio del apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado, se acceda a eliminar el delito de sedición del Código Penal, por el que están condenados varios miembros del partido en cuestión.
Lo primero que no parece lógico es que un partido que lleva a cabo una sedición, con sus autores condenados, siga legalizado. Ni que la competencia para el régimen penitenciario de dichos condenados la ostente la Comunidad Autónoma en la que gobierna el partido de los sediciosos. Pero lo inaudito es que orillar o no respetar lo constitucional se ha convertido en el quehacer de los que formalmente ocupan el Gobierno.
Un espectáculo de continuos despropósitos: la incompetencia manifiesta para gestionar las funciones de cargos públicos, la táctica política cortoplacista como única herramienta de actuación, la desinformación como norma diaria, unida a la mentira, son las actividades que practica el llamado Gobierno. Hay que tener siempre presente que nunca se ha anunciado lo que sería un Programa de Gobierno. A salto de mata se podría denominar la figura.
El problema no consiste en los despropósitos que ya están consumados, ni en los que se improvisen y pongan en vigor, el verdadero problema es el profundo daño causado al Estado y cómo se podría resolver. La madurez del pueblo español se hará notar si es capaz de enderezar la senda constitucional, o lo que es lo mismo, reconocer que el desarrollo de la Constitución de 1978 ha sido un fracaso.
La Ley de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), aprobada en julio de 1982, fue un intento desesperado de parar lo que está ocurriendo en la actualidad. Entre otras disposiciones, preveía que la transferencia de competencias se realizaría progresivamente según la capacidad de cada Comunidad Autónoma hasta llegar a equiparar a unas y otras.
El Gobierno Vasco, la Generalidad, el PNV y CiU presentaron un recurso previo de inconstitucionalidad por considerar que los Estatutos, normas integrantes del bloque de constitucionalidad, no podían estar limitados por una ley estatal. En agosto de 1983 el Tribunal Constitucional negó el carácter orgánico y armonizador de la ley, declarando inconstitucionales 14 de los 38 artículos del proyecto de ley. Con la parte que se salvó se aprobó la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico, desprovista de carácter armonizador ni orgánico, se instalaba la España asimétrica.
Para recuperar la igualdad entre españoles habrá que volver a una LOAPA —como establece el art. 150.3 de la Constitución—: uno de los recursos que pueda impedir la consumación de la ruptura del Estado. Hay que tener presente que la postura del Gobierno favorece la sedición al anular el tipo penal y que es muy difícil que pueda alegar ignorancia.
Parte del proceso de recuperación de la igualdad entre españoles pasa por hacer que un voto para la representación en el Congreso de los diputados tenga el mismo valor en cualquier parte de España. Habrá que modificar el Poder Judicial de forma que sea autónomo, así como el Tribunal Constitucional, en el sentido de que no llegue a constituir otra cámara de representación política. Podría pasar a ser una sala del Supremo con permanencia vitalicia de sus componentes.
Es necesario aplicar y desarrollar la Constitución con una interpretación más acorde con lo que es, recuperando competencias delegadas a autonomías e integrando en una Ley Orgánica de Seguridad Nacional el desarrollo del art. 155. Regular por el Estado la enseñanza y la sanidad mediante un único sistema sanitario. La competencia de Seguridad Nacional es intransferible y, una vez establecidos los estados del capítulo V del Título I de la Constitución podrán dirigir servicios de las Comunidades Autónomas.
Pero lo esencial es que los partidos políticos sean legales en función de su constatada lealtad constitucional. Es un absurdo constitucional que el Gobierno pueda ser rehén de los partidos separatistas, es una falta enorme de responsabilidad y una traición que el Gobierno propicie esa situación. Puede darse otra motivación para la supresión de la sedición, que no afecte a los miembros del gobierno cuando llegue la hora.
Mientras el mundo se retuerce afrontando unas situaciones complicadas que pasarán a la Historia, en España se está, por culpa de este pésimo gobierno, de bronca permanente en el Parlamento, tratando situaciones absurdas y con un infantilismo agudo que pone en peligro la convivencia nacional. Es hora de poner remedio a los permanentes despropósitos y la mejor manera de denunciarlos es una llevar a cabo una moción de censura.