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¿Castellano o español?

Mientras "desjudicializaban" el golpe de Estado daban unos cuantos pasos al frente en la desespañolización de España.

Mientras "desjudicializaban" el golpe de Estado daban unos cuantos pasos al frente en la desespañolización de España.
Bajo el lema 'Español, Lengua Vehicular', la plataforma Escuela para Todos ha convocado una manifestación en Barcelona para reclamar que el castellano también sea lengua vehicular en Cataluña al considerar que la no aplicación de la sentencia del TSJC que obliga a dar el 25% de las clases en español supone una vulneración de los derechos lingüísticos de los alumnos. En la imagen, dirigentes de diferentes partidos asisten a la manifestación. | EFE

Uno de los hilos conductores de la política en Cataluña durante 2022 ha sido la marginación del idioma español en todos y cada uno de los ámbitos bajo control administrativo, desde la enseñanza obligatoria a la sanidad. En la región se sigue hablando español, aunque generalmente no esté bien visto referirse a tal lengua de tal modo. Se prefiere el uso del término "castellano" para evitar la alusión a España. Y se sigue hablando el español muy a pesar del Gobierno de España y de la Generalidad y los partidos que sustentan ambas instancias. Si el "castellano" sólo se hablara en Castilla (que para los catalanes es toda España menos Cataluña y alrededores), el idioma español sería residual, pero no es el caso.

El problema de los socialistas en Cataluña y de los independentistas con el español no es de tipo lingüístico porque no es infrecuente que los más obstinados enemigos de la lengua española no hablen más que en esa lengua o la utilicen más que la catalana. La erradicación del español de la vida pública y a ser posible de la privada tiene que ver con la ideología, con el catalanismo, pura esencia supremacista. Y en el catalanismo confluyen todos los partidos, grupos y entidades nacionalistas, de izquierdas o derechas, más los sindicatos UGT y Comisiones, sus sectoriales y derivadas, la patronal, los tibios y los equidistantes, muchos de ellos no necesariamente independentistas.

En el objetivo de desespañolizar Cataluña, la persecución de la lengua es fundamental. Y este año se ha avanzado mucho. Se ha anulado la sentencia del 25% de español en la enseñanza obligatoria por la vía de un decreto del gobierno catalán y una ley aprobada en el parlamento autonómico por el PSC, ERC, JxCat, la versión catalana de Podemos y la CUP. Todo esto, que parece una macedonia de siglas con porcentaje, tiene que ver con el acoso a las familias que se atreven a reclamar que a sus hijos también les enseñen el español y en español en una parte de un lugar llamado España.

Historias como la del "niño de Canet" explican a las claras las razones por las que muchos padres prefieren no meterse en problemas y aún menos complicar la vida escolar y social de sus hijos. La "Escola catalana" de la inmersión lingüística es la más depurada y consistente "estructura de Estado" del catalanismo, por delante del sistema de medios, la "cultura", las administraciones locales, el asociacionismo de todo tipo y los Mossos. Aquel niño y aquella familia de Canet fueron señalados, acosados, vejados, amenazados e insultados en una campaña en la que participaron de manera directa y personal desde el presidente de la Generalidad hasta la dirección del colegio pasando por el consejero de Educación. El delito era que la sentencia del 25% respondía a su demanda.

Dicha sentencia quedó en papel mojado, pero los partidarios del bilingüismo en la escuela no se dieron por derrotados. Al acabar el año, el mismo Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que emitió aquel fallo ha resuelto otro caso parecido a favor de los demandantes, una familia de Barcelona. Para sortear que el 25% de español en la enseñanza obligatoria está pendiente de lo que resuelva el futuro Tribunal Constitucional de abrumadora mayoría "progresista", el TSJC ha dictado que en la clase de la hija de los demandantes se dé la asignatura de lengua española y al menos otra considerada troncal en español.

El texto de la sentencia no tiene desperdicio. Se ha dado a conocer en catalán, por cierto. Tal vez para evitar que la Generalidad alegue el desconocimiento del idioma español o su condición impropia en Cataluña para hacer lo que acostumbra, incumplir las resoluciones judiciales. Entre los considerandos destaca que la última pericial sobre la enseñanza en el centro en cuestión constató que se impartían "en lengua castellana las materias de Educación Física, proyectos propios del centro, Escritura Creativa y Lengua Castellana". Las mayúsculas y minúsculas son las de los redactores del original.

La misma indagación determinó que la enseñanza en español era de cinco horas semanales, las mismas que en inglés, pero con otros contenidos. En concreto las asignaturas de "Conocimiento del Medio Natural, Educación Artística Plástica y Lengua Inglesa".

Líneas después se advierte de que "si bien es cierto que la Educación Física ha ido alcanzado una importancia bastante relevante en la educación y en la significación para el alumno debido a su vinculación con el deporte y también con la salud física y mental según los contenidos atribuidos a esta materia, no lo es menos que la utilización del lenguaje no tiene en esta asignatura la misma relevancia que la utilización del lenguaje en otras materias, de forma que probablemente se podría considerar que la utilización vehicular del castellano es inferior a la del inglés, que con el mismo número de horas lectivas incluye dos materias curriculares obligatorias (Conocimiento del Medio Natural y Educación Artística Plástica) en el que el uso de la lengua es intensivo y de mucha relevancia".

El hecho de que la clase de gimnasia en Cataluña se imparta en español es notablemente singular. De seguro que los alumnos acabarán el ciclo obligatorio sabiendo qué significan exclamaciones como "¡vamos!", "¡venga!", "¡izquierda!" o "¡derecha!" en el contexto de la actividad física, concepto que va desde el tenis a fregar suelos o limpiar zapatos.

La "Asamblea por una Escuela Bilingüe" (AEB) e Impulso Ciudadano, entidades representadas por la profesora Ana Losada y el jurista José Domingo, han interpretado la sentencia del TSJC como un triunfo de la Justicia que derrumba el pacto entre el Gobierno de España y el Govern de Cataluña para reducir a escombros la enseñanza del español en los centros escolares. Los precedentes auguran que la Generalidad se pasará la sentencia por el hueco del arco del triunfo. Como siempre, pero con la diferencia de que el tribunal de última instancia será el Constitucional de Pedro Sánchez y Oriol Junqueras durante lo que queda de década.

El español no desaparecerá de Cataluña en los próximos diez años. Ni durante lo que resta de siglo, como mínimo. El catalán, tampoco, a pesar del contraproducente esfuerzo del catalanismo para que su lengua "propia" acabe siendo la única. Se escribirán o se hablarán más o menos mal, pero tanto el español como el catalán resistirán los ataques de los enemigos de los ciudadanos españoles. Otra cosa muy diferente es lo que ocurra con España en Cataluña y en el resto de España. Los libros de texto en muchas Comunidades Autónomas sostienen que España no existe o, en el mejor de los casos, que es un Estado enfrentado a las "naciones" catalana, vasca, gallega o asturiana, entre muchas otras, de la Península Ibérica.

La resistencia de la AEB e Impulso Ciudadano es épica, homérica, hercúlea y superlativa. Sin ella, los separatistas estarían más cerca de su objetivo. Que conste. Pero la última sentencia del TSJC es un brindis al sol. Que no se imparta gimnasia en español y que se dé todo lo demás en catalán y en contra de España. 2022 no ha sido un año precisamente perdido para socialistas y separatistas en el curso del "procés". Mientras "desjudicializaban" el golpe de Estado daban unos cuantos pasos al frente en la desespañolización de España, con todo lo que ello supone en las asignaturas de los derechos y libertades de los ciudadanos.

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