La solución de Zapatero para tapar su traición cuando se cargó de un plumazo el Plan Hidrológico Nacional fue llenar la costa mediterránea de desaladoras. La derogación de aquel ambicioso programa de gestión de los recursos hídricos a escala nacional fue una exigencia de Carod Rovira para otorgar el voto de su grupo a la investidura de ZP. El PSOE, como era de esperar, aceptó todas las condiciones impuestas por los separatistas puesto que, además, eran sus socios en el famoso tripartito y contaban con el apoyo del PSOE local en las comunidades afectadas. También el Partido Popular en Cataluña, Aragón o Castilla-La Mancha rechazaba de plano los trasvases, pero Aznar tuvo el coraje de someter las franquicias de su partido para imponer un plan que beneficiaba también, y en no poca medida, a las cuencas cedentes. Aún hoy, casi 20 años después de la mayor traición del PSOE a España, hay municipios ribereños del Ebro o el Duero que tienen restricciones de agua en verano, un problema que quedaba resuelto en el PHN con la creación de nuevas infraestructuras de cercanía, pero de estas cosas no suele hablarse porque los partidos en nuestro régimen autonómico están para explotar las guerras identitarias con las comunidades vecinas a despecho de los intereses nacionales.
Las plantas desalinizadoras son una risa y un insulto a los ciudadanos de un país que cuenta con enormes excedentes hídricos, como es el caso de España. De ser un mero complemento a los trasvases en los picos de sequía, el PSOE las convirtió en el único aporte de agua a las regiones con cuencas deficitarias. Un disparate mayúsculo por varias razones: el agua que producen es de pésima calidad para el consumo humano y agrícola, el coste del metro cúbico es prohibitivo incluso para una industria tan productiva como la agroalimentaria (0’80 € por 0’20 el agua del trasvase) y el descomunal consumo de energía necesario para poner en marcha cada una de estas instalaciones tira por tierra el argumento de que su uso es necesario para la lucha contra el cambio climático.
Respecto a esto último conviene traer a colación el caso estupendísimo de la desaladora de Torrevieja, la más grande de Europa. El mastodonte desalinizador consume 300 megavatios al año, bastante más que toda la población de Torrevieja en pleno mes de agosto, cuando allí no cabe un alfiler. Tan es así que la planta detiene su producción durante Semana Santa y julio y agosto, porque de lo contrario dejaría sin luz a los turistas que pasan sus vacaciones en la Costa Blanca. "Hombre -dirá su cuñado progre- eso es porque no utilizan energías renovables como la solar, que permitiría el suministro de la planta sin afectar al turismo". Pues no será porque no lo han pensado, cuñado podemita, pero ocurre que para poder alimentar la desalinizadora hace falta una placa solar de un millón de metros cuadrados. Entre que la construyen y expropian las 100 hectáreas de terreno residencial necesario para su instalación igual pasan algunos siglos, y eso que los socialistas, cuando hay recalificaciones a tiro son un prodigio de velocidad.
¿Para qué han servido las desaladoras en realidad? Para dar una patada hacia delante al problema del agua y prolongar artificialmente la vida del PSOE en el Levante español, una región de España donde puede acabar destrozado en las próximas elecciones autonómicas y municipales. Y mientras tanto, la industria hortofrutícola de la zona, la más exigente y productiva de Europa, acabará desapareciendo y las 100.000 familias que viven de ella, solo en Murcia, obligadas a vivir del subsidio estatal.
Pero no todo es culpa del PSOE. La mayor parte de la responsabilidad recae en nuestro sistema autonómico, que ha conseguido que el agua en España ya no sea un recurso nacional que debe distribuirse con criterios de equidad, sino un bien propiedad de los partidos que mandan en las comunidades autónomas para que sus dirigentes tengan más oportunidades de robar.