Mientras el número de agresores sexuales beneficiados por el bodrio jurídico del "sólo sí es sí" ya supera con creces el centenar —17 de ellos han sido incluso excarcelados— ahora parece que le toca el turno a los corruptos y a los beneficios penales que obtendrán como consecuencia de la no menos vergonzosa reforma legislativa que reduce la pena del delito de malversación para aquellos que han desviado el dinero público sin ánimo de lucro personal. Y es que, tal y como era previsible, de esa reforma legislativa, exigida al Gobierno por sus socios separatistas, no sólo se beneficiarán quienes hayan echado o echen mano del dinero del contribuyente para financiar ilegales estructuras de Estado o ilegales consultas separatistas como las perpetradas en 2014 y 2017, sino cualquier malversador que no se haya enriquecido personalmente o en beneficio o de un tercero con el dinero público sustraído.
Tal parece ser el caso del llamado "Asunto Acuamed", una trama de corrupción en torno a la empresa pública estatal "Aguas de las Cuencas Mediterráneas", que supuestamente aceptó comisiones millonarias de constructoras a cambio de adjudicaciones infladas entre los años 2007 y 2014. En este sentido, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso, Joaquín Gadea, acaba de pedir a la Fiscalía Anticorrupción que ajuste su última petición en la causa a la reforma que entra en vigor esta semana. En concreto, el magistrado solicita a la Fiscalía que revise su petición de noviembre de tramitar el asunto como sumario, la vía reservada a delitos que conllevan penas por encima de los nueve años de prisión. Ese requisito se cumplía indudablemente con la regulación hasta ahora vigente del delito. Sin embargo, a partir del jueves ciertos tipos de malversación en los que los fondos públicos no se dirigen al enriquecimiento personal o de terceros conllevan penas mucho más reducidas. En estos, las investigaciones ya no se tramitarían como sumarios, sino de forma más ágil como procedimientos abreviados.
Casi tan escandalosa como la rebaja de penas aprobada para satisfacer a ERC ha sido la reacción del gobierno al ver cómo de ella no solo se van beneficiar los golpistas para los que estuvo pensada, sino también muchos corruptos que nada tienen que ver con procesos de secesión como en los que siguen embarcados los socios separatistas de Sánchez. Así, la portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez ha tenido la desfachatez de afirmar que "la orientación de esa reforma es no despenalizar ningún tipo de corrupción", mientras que fuentes próximas a Pedro Sánchez han tenido la osadía de afirmar que "ningún ladrón va a salir de la cárcel". Frente a estas arteras declaraciones, hay que señalar que la orientación de la reforma del delito de malversación no habrá sido la de "despenalizar", pero sí la de rebajar la pena para aquellos ladrones que, como los golpistas de Junts o ERC, roban dinero público para financiar consultas separatistas o, como parece ser en el caso "Aquamed", para financiar ilegalmente a empresas estatales o partidos políticos o administraciones públicas. Ladrón es el que roba con absoluta independencia de a qué destina el dinero robado. En cuanto a la posibilidad no ya de reducción de pena, sino de excarcelación, ya podrá el Ejecutivo dar rienda suelta a sus pulsiones totalitarias, que dichas excarcelaciones no dependerán de lo que diga el Ejecutivo sino lo que dictaminen los Tribunales a la luz de la reforma aprobada por el propio Ejecutivo y sus socios separatistas.
Y es que ya podrá decir el gobierno lo que quiera para disimularlo, que su reforma del delito de malversación, tal y como le advirtió en su día el mismísimo fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, es un claro "paso atrás en la lucha contra la corrupción". Y ciertamente lo es, por mucho que satisfaga —o precisamente por ello— a quienes quieren ver hecha pedazos a España como nación y como Estado de derecho.