No es toda la verdad que el Gobierno del doctor Sánchez y sus adláteres de la "coalición progresista" traten de defender los intereses de la sociedad española. Es lo que antes se decía "bien común". Se recomienda una interpretación más cautelosa, atenida a los datos; también, más desgraciada por sus resultados. A saber, existe una buena porción de españoles que se encuentran satisfechos con las decisiones que toma el Gobierno, aunque a unos pocos nos parezcan disparatadas. Es más, puede que, convenientemente subvencionada, esa parcela de la sociedad, que aparece bienquista con el Gobierno, se convierta en mayoría absoluta a la hora de votar. Bastaría con afilar, todavía, un poco más la acción purificadora de la propaganda.
Los argumentos sobre la difícil coyuntura económica no son convincentes como para torcer las voluntades de apoyo implícito al Gobierno. Siempre se puede encontrar un culpable de los males colectivos; por ejemplo, la guerra de Ucrania o la ubicua inflación. Malísima fue la situación económica con la llegada de la II República y, sin embargo, se recibió con inusitado entusiasmo por parte de la población.
La parte de la sociedad favorable a Sánchez se expresa, sobre todo, por medio de una turba de grupos pedigüeños. Ahí, cabe situar a los sindicatos amaestrados, los empresarios a la búsqueda de contratos públicos, muchos profesionales bien situados. Bien es verdad que los más satisfechos son los izquierdistas por principio y la legión de los secesionistas vascos y catalanes. Agazapados quedan, a verlas venir, los potenciales independentistas de las otras regiones bilingües.
Si bien se mira, la sensibilidad democrática de los españoles del común no es, precisamente, llamativa. Por eso, impresionan tan poco los repetidos asaltos del doctor Sánchez a diferentes instituciones para coparlas de un modo autocrático. El caso penúltimo es el de la doma de los altos tribunales para beneficio personal de nuestro amado Presidente. Vergonzosa como es para el grueso de los analistas políticos, a la mayor parte de los españoles les deja indiferentes.
Tan abundante es la corrupción política en la España actual que la elevación de los impuestos apenas impresiona a la masa votante o contribuyente. La situación es perfecta para las veleidades de un dictador de paisano, como el que preside el Gobierno. Tanto es así, que no parece impensable el supuesto de unas próximas elecciones que vayan a ser trucadas. La prueba anticipada es que no se detecta ningún clamor popular por el hecho de que el Gobierno manipule las estadísticas.
Maravilla que el grueso de los españoles (incluidos los magistrados de los altos tribunales) se sientan satisfechos con las extravagancias de las leyes "progresistas". La pirueta ideológica se explica por el desvanecimiento general de la ética como reguladora de la actividad política. Como decía Chesterton, "cuando uno deja de creer en Dios, está dispuesto a creer en cualquier cosa". El Dios de hogaño, en España, es el hedonismo general. El retrato-robot del nuevo "progresista" es el de un individuo de mediana edad con ciertas ínfulas culturales. Fue católico practicante y, ahora, no pasa de agnóstico. La clave está en que es asiduo de El País y seguidor de la SER. Consecuente con esas querencias, este nuevo "progresista" se refocila con las vacilaciones de los "peperos" (los famosos "maricomplejines" del diccionario de Jiménez Losantos). Desprecia cuanto ignora; por ejemplo, el imaginado facherío de Vox.
Un pueblo moralmente desnortado se halla dispuesto a cualquier aventura ideológica de un Gobierno con trazas de autoritario. La del sexo a la carta parece, ya, poca cosa. La discreta separación de los tres poderes del Estado se percibe como una antigualla. Las continuas mendacidades del doctor Sánchez se consideran hasta simpáticas. Frente a todo eso, lo que priva es disfrutar de la vida.