La política exterior española es una catástrofe sin paliativos que pasa prácticamente desapercibida porque la interior es aún peor, como lo demuestra la suelta de violadores y que Irene Montero siga siendo ministra. Pero merece la pena reparar en algunos detalles sobre el desempeño gubernativo en materia de asuntos exteriores. El rey de Marruecos no recibe a Pedro Sánchez porque entre las costumbres de ciertos monarcas no consta la de socializar con el servicio. Para eso están sus ministros. Y casi mejor que no se haya producido un encuentro entre Mohamed VI y nuestro Pedro después del episodio de la cena con el escudo de la bandera boca abajo.
Los desplantes marroquíes son uno más de los múltiples ejemplos de la irrelevancia internacional de España, al igual que los insultos de los sátrapas latinoamericanos o la actitud entre condescendiente y hostil de la mayoría de los Estados de la Unión Europea. De ahí, por ejemplo, que Puigdemont campe a sus anchas por Bélgica y Francia y que jueces belgas y alemanes negaran a España su extradición.
La última resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) da la razón al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena cuando advierte que ningún Estado miembro puede rechazar la ejecución de una orden de detención emitida por otro Estado miembro. Pero también indica un par de salvedades. Un juez belga podría rechazar de nuevo una euroorden de Llarena si la defensa de Puigdemont consiguiera demostrar dudas que afecten a la tutela judicial de un "grupo objetivamente identificable de personas al que pertenezca el interesado". El abogado del prófugo, Gonzalo Boye (condenado por el secuestro de Emiliano Revilla y encausado por blanqueo de capital procedente del narcotráfico) se aferra a esa cláusula para difundir la especie de que las euroórdenes contra su patrocinado han entrado en vía muerta, jaque mate.
Claro que las posibilidades de extraditar a Puigdemont son hoy por hoy remotas. Que los independentistas carezcan de tutela judicial efectiva en España es la típica patraña separatista que podría comprar cualquier juez belga, el país que junto con Francia fue un santuario etarra. Además, en el caso de Puigdemont, hay que esperar a otra decisión judicial europea a finales de febrero o en marzo relativa a su inmunidad como eurodiputado, cargo que ejerce pese a no haber cumplido los requisitos legales en España para asumir el acta. Si el fallo es contrario a sus intereses, quedaría al descubierto, a expensas de una euroorden. Pero esa situación todavía no se ha producido.
Hay más factores que operan en contra de la extradición y todos tienen que ver con la irrelevancia española en el extranjero. Mientras los golpistas llevan gastados cientos de millones de dinero público en propaganda contra España en todo el mundo, los intereses nacionales sólo cuentan con el desempeño de unos pocos diplomáticos carentes de medios. Eso explica que Le Monde le publicara un artículo a Aragonès sobre cómo será el referéndum de autodeterminación el mismo día que se celebraba la cumbre entre Sánchez y Macron en Barcelona. Hay miles de ejemplos. Si algo ha manejado con destreza el separatismo durante los últimos años es la propaganda antiespañola.
El contexto no favorece la extradición de Puigdemont. Tendrían que confluir muchos factores para que la sentencia conocida esta semana en Luxemburgo tuviera consecuencias. Primero, que Puigdemont pierda la inmunidad. Después y mucho más difícil, por no decir imposible, que el tribunal extranjero que tenga que ejecutar la orden no sea como los que han tratado hasta el momento el caso Puigdemont. Y luego que el propio Gobierno de Sánchez no ponga trabas, ya que una cosa es lo que dicen las ministras y otra muy diferente lo que sostiene el nuevo Código Penal, por ejemplo.
Además de las dificultades de explicarle a un juez belga que Puigdemont es un delincuente que forma parte de un "grupo objetivamente identificable" cuyos derechos judiciales están perfectamente garantizados porque a ese grupo pertenecen también los golpistas de ERC, partido que manda en la Generalidad, al que el PSC le acaba de salvar los presupuestos y la legislatura y cuyo peso en el sostenimiento de Sánchez es fundamental. Por no hablar de que JxCat, el partido de Puigdemont, gobierna en la Diputación de Barcelona en alianza con los socialistas.
A las autoridades judiciales belgas que les caiga el marrón les puede explotar la cabeza, pero jamás entregarán a Puigdemont. No se enmendarán por mucho que la justicia europea les ordene lo contrario. Cuestión de pelotas y de bomberos que no se pisan la manguera. Por no hablar de cómo el Gobierno de Rajoy dejó escapar a Puigdemont escoltado por los Mozos de Escuadra. Y es por ese tipo de cosas por las que Mohamed VI planta a Sánchez, quien, por otra parte, seguro que no le iba a hablar del asesino islamista de Algeciras. Y así con todo.