Nada como el paso del tiempo y la acumulación de información para deshacer entuertos y descubrir las trampas ocultas tras la arrogancia del poder. Es lo que ha pasado esta misma semana con el asunto de la excepción ibérica a la formación de los precios de la energía eléctrica; un asunto del que tanto el presidente Sánchez como su vicepresidenta Rivera presumen, atribuyendo a su política una reducción de precios que habría beneficiado a la sociedad española en su conjunto. Y por tal motivo se han apresurado a tratar de extenderla sobre la Unión Europea —con poco éxito, todo hay que decirlo—.
Sin embargo, ahora conocemos algunos datos fundamentales que hacen dudar de la bondad de esa excepción, especialmente por sus efectos redistributivos y su negativa incidencia en la protección ambiental, al favorecer un aumento de la emisión de gases de efecto invernadero, lo que a su vez se asocia a un incremento del consumo de gas justo en el momento en el que, por mor de la solidaridad europea con la Ucrania atacada por Rusia, los países de la Unión se habían comprometido a reducirlo.
Veamos lo primero. Red Eléctrica acaba de publicar los datos fundamentales para evaluar las consecuencias de la excepción ibérica en 2022. En ellos se muestra que sus beneficiarios suman unos diez millones de usuarios acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), denominación ésta referida a la parte regulada del mercado eléctrico. En éste hay también 16 millones de usuarios que operan en el mercado libre, contratando el suministro con las compañías distribuidoras a precios fijos a largo plazo. Según Red Eléctrica, el mercado regulado abarcó en ese año un 8,47 por ciento del consumo eléctrico (10.681.748 MWh), mientras que el mercado libre se quedó con el 91,53 por ciento restante (115.128.208 MWh). Aunque la excepción ibérica está destinada a ese primer segmento, claramente minoritario, aunque seguramente formado por familias de bajo nivel de renta, no por ello el segundo segmento está excluido de sus efectos debido a que la regulación correspondiente obliga a los consumidores de este último a los que les vence su contrato o cambian de suministrador, a hacerse cargo de una parte alícuota del coste de la excepción ibérica.
¿Cuál es ese coste? Pues sencillamente el de la subvención que se otorga a las empresas productoras de electricidad que operan con las centrales de ciclo combinado para que puedan comprar el gas a un precio fijo, por debajo del de mercado —45 euros por MWh—. Esa subvención no la paga el Estado sino los consumidores acogidos a la PVPC y los del mercado libre que cambian de contrato —que en 2022 adquirieron casi el 30 por ciento del suministro de este mercado—.
El balance a fin de año de este galimatías es el siguiente: mientras los consumidores PVPC se han ahorrado, gracias a la reducción del precio inducida por la excepción ibérica, aún a pesar de tener que financiarla parcialmente, un total de 1.700 millones de euros, los del mercado libre que han cambiado sus contratos han tenido que pagar un suplemento de 2.800 millones de euros. El efecto neto de todo esto es, evidentemente, que los usuarios de la electricidad, tomados en su conjunto, han acabado perdiendo 1.100 millones de euros. O sea, están claras dos cosas: una, que el mecanismo diseñado por el gobierno de Sánchez en la excepción ibérica ocultaba una operación redistributiva desde el mercado libre hacia el mercado regulado; y dos, que todo esto no ha servido para bajar el coste de la electricidad sino para subirlo. La trampa Sánchez-Rivera es, en materia económica, clarísima.
Pero esa trampa no es la única porque la subvención al gas ha inducido un aumento del consumo de éste como materia energética primaria para producir electricidad. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) acaba de cuantificar ese efecto en un 25 por ciento con respecto al año anterior. Ello ha desbalanceado el ahorro energético europeo, pues a pesar de que en los otros países ha caído del uso del gas para generar electricidad, en el agregado de la UE éste se ha incrementado en un dos por ciento gracias a la aportación en sentido contrario de España. Y de ello, señala también la AIE, se ha derivado un repunte de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que también contradice la orientación de la política energética europea. Digámoslo con claridad, en todo esto el gobierno de Sánchez presume de solidaridad, aunque en nada la practica. Por ello, la Comisión Europea haría muy bien en impedir la prórroga de la excepción ibérica —que expira el 31 de mayo, aunque Sánchez y Ribera pretenden extenderla has el final de 2024—. Si fuera así, si este tramposo mecanismo regulador de los precios de la electricidad acabara en unos pocos meses, los españoles nos ahorraríamos unos cuantos miles de millones de euros.