La creciente profileración de grandes instalaciones de energías alternativas está provocando una fuerte contestación popular en los territorios elegidos para su implantación. Como señalan los afectados por estas macroinstalaciones y las entidades civiles que tratan de proteger el entorno rural, la puesta en marcha de estos proyectos socava irremediablemente los valores medioambientales, paisajísticos y naturales de no pocas zonas protegidas, que las instituciones públicas implicadas tienen la obligación de preservar en primer lugar.
Un caso paradigmático es el de los cinco parques eólicos previstos en una zona de la provincia de La Coruña declarada Reserva de la Biosfera que, además de soportar centenares de generadores de 200 metros de altura con el impacto que ello supondría para la fauna local, resultaría afectada por el paso de la maquinaria y las piezas necesarias para instalar los molinos a través de una zona natural virgen en la que habría que construir carreteras y accesos de todo tipo. Pero ese es solo uno de los numerosos macroproyectos que se van a construir en diversas zonas de costa, muchas de las cuales reúnen un alto valor ecológico por la existencia de especies amenazadas y por albergar importantes reservas pesqueras, una actividad fundamental para la economía de las pequeñas poblaciones costeras que sufrirá también las consecuencias, puesto que el Gobierno ha autorizado la instalación de parques flotantes de aerogeneradores también mar adentro.
El último sector en dar la voz de alarma por el avance desmedido de estas macroplantas es el del vino, que está viendo cómo los proyectos eólicos y solares amenazan el paisaje milenario en el que se cultivan las vides, con las graves consecuencias económicas que una agresión de este tipo va a acarrear a las empresas afectadas. No en vano, el enoturismo proporciona gran parte de los recursos económicos que ayudan a mantener estas explotaciones, gracias a la existencia de un entorno natural y unos valores paisajísticos que desaparecerán rodeados por centenares de aerogeneradores y miles de hectáreas cubiertas de placas solares.
Las empresas de energías renovables tratan de aplacar el creciente rechazo a estas instalaciones prometiendo electricidad gratis a los municipios afectados. Es el caso de Forestalia, la compañía aragonesa que ha impulsado la creación de nada menos que 22 parques eólicos en la provincia de Teruel y cuya oferta ha llegado ya a las localidades por las que pasará la línea de muy alta tensión (MAT) que conlleva el proyecto. Al margen de que una empresa privada no puede decretar la bonificación del consumo eléctrico a clientes de otras compañías, tal medida no compensa, ni de lejos, el deterioro irreversible de las reservas naturales por la instalación de unos complejos energéticos incompatibles con el mantenimiento de un entorno privilegiado.
Lo más sangrante de todo este asunto es que el mismo Gobierno que impone medidas draconianas a toda la población con el pretexto de sostener el medio ambiente y la vida animal, está autorizando cientos de agresiones a ese mismo entorno silvestre a través de estas macroinstalaciones eólicas y solares, llegando al extremo de derogar los controles medioambientales que, en cambio, se siguen exigiendo para cualquier otra actividad infinitamente menos lesiva para el medio natural.