España es un país con grandes excedentes de recursos hídricos después de atender todas las necesidades humanas, agrícolas, energéticas e industriales de la Nación. Ocurre, sin embargo, que la Naturaleza es caprichosa y no ha distribuido estos recursos de manera geométricamente exacta en todo el territorio, por lo que resulta necesario llevar el agua desde donde sobra hasta donde hay escasez. Una ecuación bien sencilla que cualquier persona cabal puede resolver, pero que en manos de la clase política autonómica se convierte en una tarea imposible.
No es ya solamente que los dirigentes autonómicos utilicen el agua como un argumento electoralista, creando una guerra entre ciudadanos españoles por un asunto tan arcaico como la propiedad de los ríos. Es que en la cuestión del agua se mueve también mucho dinero público y eso crea un campo abonado para que ocurran cosas como las que ha denunciado esta Comunidad de Regantes de Castilla-La Mancha, que cifra en 1.200 millones de euros el importe de los fondos públicos presuntamente malversados por los gobiernos de esa comunidad autónoma desde los tiempos de José Bono; quién si no.
Ya que hablamos de agua y de Castilla-La Mancha, no es ocioso recordar que el Trasvase Tajo-Segura tiene su soporte jurídico en una "ley de aprovechamiento conjunto" de los años 70, en virtud de la cual los regantes del Levante español pagan a la comunidad cedente un dinero que debe ser invertido necesariamente en infraestructuras para el desarrollo de la región. No estaría de más que García-Page aprovechara la reciente denuncia para aclarar, definitivamente, el destino de todo el dinero que ha llegado a su Gobierno en las últimas décadas como consecuencia de la gestión del agua; no solo el de los 1.200 millones denunciados por los regantes de su comunidad.
La clase política ha utilizado un recurso abundante como el agua para fabricar artificialmente una situación de escasez y beneficiarse de las millonadas en ayudas públicas y privadas generadas al efecto. En el camino surgen todo tipo de sospechas como las que ahora afectan al Ejecutivo de Castilla-La Mancha, por no hablar del caso Acuamed, otra fuente de corrupción en una empresa pública creada para solucionar la falta de agua provocada intencionadamente por el Gobierno de Zapatero.
Unos y otros se enriquecen llevando a la ruina a los agricultores del Levante y, ahora también, a los de Albacete y Cuenca, buena prueba de lo que ocurre cuando los socialistas de todos los partidos se apropian de un recurso natural abundante como el agua en España.