Uno de los más innegables, devastadores y perdurables logros del Gobierno social-comunista que preside Pedro Sánchez ha sido la de conseguir que el Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido no sea obstáculo para la gobernabilidad de un PSOE dispuesto a llegar a acuerdos legislativos con formaciones abiertamente contrarias a nuestra Ley de leyes, como es el caso de las formaciones separatistas catalanas o una formación proetarra como Bildu. Es más: tal es el servil denuedo de la mayoría izquierdista encabezada por Conde-Pumpido por que nada —incluidos los derechos constitucionales de los españoles— entorpezca o enturbie el buen clima de entendimiento entre el PSOE y sus socios nacionalistas, que no ha tenido empacho alguno en denegar amparo a un recurrente que pidió al Tribunal Superior de Justicia de Baleares traducir una resolución judicial del catalán al castellano. Poco importa que la sentencia, redactada por la magistrada izquierdista María Luisa Segoviano, vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el articulo 24.1 de la Constitución; o que vulnere la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, o el articulo 231.4 de la Ley Órganica del Poder Judicial, que claramente ordena la traducción al castellano de las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de una Comunidad Autónoma "cuando así lo disponga las leyes o a instancia de parte que alegue indefensión".
Por vergonzosa y contraria a la Constitución que sea esta sentencia del Tribunal Constitucional, no lo es menos que la que, hace escasos días, denegaba el amparo a la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo contra la liberticida decisión de la presidenta socialista del Congreso, Meritxell Batet, de retirar del Diario de Sesiones de la cámara la expresión "hijo de un terrorista" que profirió la diputada del PP contra el hijo del condenado por terrorismo Francisco Javier Iglesias Pelaéz y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias Turrión. Y es que, al parecer, tampoco importa que el articulo 20 de la Constitución ampare la libertad de expresión de todos los ciudadanos —incluida Álvarez de Toledo—, tal y como lo hizo también la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Zamora que rechazó la acusación de vulneración del derecho al honor dirigida contra la diputada popular. Al parecer, lo "indecoroso" e irregular para el Tribunal Constitucional no es la censura en sede parlamentaria de un hecho cierto como el que atañe a la filiación de Pablo Iglesias, sino que se manifieste en ejercicio de la libertad de expresión.
No menos vergonzosa fue la "cacicada" que protagonizó Conde-Pumpido hace escasa semanas al recuperar la sentencia que elaboró hace años para avalar el abuso del decreto-ley (decretazos) por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Poco importa que esta ponencia ya fuera anteriormente rechazada por el Tribunal Constitucional o que vulnere, tanto entonces como ahora, el articulo 86 de nuestra Carta Magna que, si bien permite de forma absolutamente "extraordinaria" el recurso de Decretos-leyes en caso de "urgente necesidad", le fija limites temporales, que el gobierno de Sánchez se ha saltado a la torera, y que en ningún caso pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadano.
Está visto, sin embargo, que el Tribunal Constitucional ha dejado de ser un Tribunal de Garantías de los derechos constitucionales de los ciudadanos para convertirse en algo tan opuesto como un "tribunal" que garantice que la Constitución no sea obstáculo alguno para el poder Ejecutivo y sus socios de gobierno.