La presencia de terroristas condenados por delitos de sangre en las listas electorales del partido proetarra es una aberración inaceptable, que no puede despacharse con unas simples declaraciones de presunto repudio moral como las que ha realizado Pedro Sánchez en el extranjero, cuando la ola de indignación ciudadana por esta canallada política ya se había desbordado.
Sánchez no tiene credibilidad al rechazar de palabra la inclusión de terroristas asesinos en las candidaturas a los ayuntamientos del País Vasco, puesto que ya se ha encargado de mantener a salvo su alianza parlamentaria con el brazo político de la ETA, sin la cual su Gobierno tendría los días contados. Además de sacar adelante con esos votos sus propuestas legislativas, Sánchez necesita blanquear a los proetarras de Bildu pues sus votos serán imprescindibles para mantener también el Gobierno de Navarra, algo que sabe muy bien su actual presidenta, no en vano ha sido la primera en salir a la palestra a pedir respeto para los herederos de Batasuna, sin cuyo apoyo se iría a la oposición.
El escándalo interpela también a los líderes del PSOE en el resto de España, muchos de los cuales se juegan el próximo día 28 su futuro político. El envite de los proetarras es tan brutal que ya no basta con mostrar cierto repudio moral a la participación de los asesinos en estas elecciones, como están haciendo García-Paje o Lambán. Es preciso que ellos y el resto de barones socialistas exijan a su propio partido la adopción inmediata de medidas contundentes, con el fin de evitar una afrenta democrática que debe avergonzar a todos los votantes socialistas a poco que les reste alguna dignidad.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado, ambas dependientes del Gobierno, tienen que actuar de manera inmediata para revisar, caso por caso, todas las candidaturas en las que aparecen terroristas sin arrepentir, tanto para comprobar si se han agotado los plazos de inhabilitación como para explorar ante la Junta Electoral otras acciones basadas en la Ley de Partidos de 2002. Las iniciativas parlamentarias promovidas por la oposición para ilegalizar a Bildu tienen que contar también con el apoyo del PSOE, aunque eso suponga destruir sus alianzas en este final de legislatura.
Se trata de medidas al alcance del Gobierno de Sánchez que, hasta el momento, ningún dirigente socialista le ha exigido públicamente. Si su rechazo a esta ignominia bilduetarra se va a quedar en declaraciones a título personal como está ocurriendo hasta ahora, el PSOE se estará haciendo acreedor en toda España a un tremendo voto de castigo que lo envíe a la oposición allá donde todavía está gobernando.