Comienzo a redactar los tres párrafos de hoy cuando faltan muy pocas horas para que Bruselas lance a la papelera, eso sí, envuelta en su más balsámico lenguaje diplomático, esa ridícula petición para que las lenguas domésticas propias de tres distritos administrativos de la Península Ibérica adquieran nada menos que el rango de oficiales en el conjunto de la Unión Europea. Y es que el fentanilo intelectual que ha acabado por zombificar la autoconciencia nacional de una parte creciente de la sociedad española, por suerte, todavía no ha conseguido atravesar la muralla natural de los Pirineos. En consecuencia, una de las condiciones sine qua non del escapado a fin de otorgar su bendición a la investidura de Pedro Sánchez parece que no se va a cumplir.
Y otro tanto de lo mismo va a ocurrir con la amnistía. También va a ser que no porque, como ya dijo el clásico, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. España, aunque a veces no lo parezca, es un Estado de Derecho. Y la diferencia entre un Estado de Derecho y un chicle es que el primero no se puede estirar y deformar a voluntad, sin límite. Y sí, también yo sé que el asunto se podía arreglar con un simple apaño leguleyo y torticero que no mentara la palabra amnistía para exonerar del peso de la Ley a toda esa chusma de catalanes sediciosos.
Pero ahí se plantaría Puigdemont, que de ningún modo puede permitir que sus devotos feligreses lo vean como a un vulgar Junqueras cualquiera, otro acollonit dispuesto a vender los sagrados derechos de la Republiqueta catalana a cambio de un plano de lentejas posibilistas. Puigdemont tiene que jugar, su supervivencia política depende de ello, al todo o nada; y será nada, por cierto. He ahí la entrevista dominical de Yolanda Díaz en La Vanguardia, un confuso compendio de extravagancias donde mezclaba a patronal y sindicatos en la solución del problema secular del independentismo, como si se tratara de un ERTE. Una improvisación sin pies ni cabeza que tiende a confirmar lo que tantos sospechábamos, a saber: repetición electoral en enero.