Conocido es que, las izquierdas, más cuanto más radicales, tienen horror a la libertad. Todavía no han encontrado respuesta a su pregunta: ¿Para qué la libertad?
Ante esa carencia, optan por restringirla/eliminarla, bajo pretexto de que la actividad humana requiere regulación, para no derivar en anarquía, favorable al más fuerte.
Por esa tutela, nunca otorgada, se han cometido las mayores atrocidades, convirtiendo a los ciudadanos en caprichos de los gobernantes, al no reconocer sus derechos inherentes.
Y, aunque escasos de mente, tienen bien aprendida una lección: eliminar cualquier vestigio de libertad. Por ello, nada podía esperarse del gobierno Sánchez, ni inteligente ni racional, que mereciera llamarse gobernar, para el bien de la comunidad.
Mis dudas, se han incrementado recientemente. La pregunta, atrevida, es: ¿el gobierno actual, entiende, en toda su dimensión, la lengua española? ¿Es capaz de comparar textos semejantes y apreciar similitudes y diferencias?
Un ataque a la libertad de inversiones extranjeras en España, había sido ya regulado en el año 1999, para aquellas, relacionadas con la Defensa Nacional [Real Decreto 664/1999 de 23 de abril; B.O.E. núm. 106, de 4 de mayo]. La propuesta era del vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, previa aprobación del de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros … del día 23 de abril de 1999 [pág. 16.215 del B.O.E.].
El Gobierno sanchista, llegado julio de 2023, no podía tolerar que siguiera vigente un Decreto, tan liberal, del presidente José María Aznar, a propuesta del ministro Rodrigo Rato, por lo que el 4 de julio de 2023, aprueba su derogación y nuevo texto [Real Decreto 571/2023, B.O.E. núm. 159 de 5 de julio].
La música, sonaba casi idéntica; eso sí, se tramitaba a propuesta de los ministros/as de Industria, Comercio y Turismo, de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de Defensa, de Interior, y de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con la aprobación previa de Hacienda y Función Pública… y previa deliberación del Consejo de Ministros [pág. 93.289].
¿Es posible que entre seis ministros/as, más el de Presidencia, nadie reparase en que el nuevo texto era más liberal, que el que derogaban –Disposición Derogatoria Única– [pág. 93.308]?
El texto anterior (1999), requería autorización –es decir, suspendía la liberalización– cuando las adquisiciones por no residentes, superaran el 5 por ciento del capital social de la sociedad española, o, cuando sin llegar a esa cuantía, permitieran al inversor formar parte del órgano de administración… [art. 11-1 párrafo segundo; pág. 16.278].
El nuevo texto (2023), requiere notificación a dos Direcciones Generales –no autorización –, cuando se alcance entre el 5 y el 10 por ciento del capital, y se acompañe un documento comprometiéndose a no formar parte de órganos de administración… [art. 18-1, art.18-2, a) y b); pág. 93.303].
Hemos pasado, de aquella Ley del "sólo sí es sí", al Real Decreto 571/2023 de "libertad, no, es sí". Ante semejante contradicción ideológico-dogmática, se ha sugerido que la SEPI, adquiera una participación superior a la mayor extranjera; magnífica excusa.
¡Cómo está la educación y cómo está la política!