El mayor gesto de solidaridad hacia la multitud de ciudadanos que se están manifestando, cívica y pacíficamente, en las proximidades de las sedes del PSOE en toda España contra la demolición del Estado de derecho que implica la amnistía pactada por Sánchez con los separatistas no es tanto la condena de la inadmisible represión policial de la que fueron víctimas el pasado lunes —y que fue reconocida como tal por los propios sindicatos de la policía— sino, sobre todo, exigir la identificación, el enjuiciamiento, la condena y el cumplimiento integro de la pena de todos los salvajes y alborotadores que se han infiltrado en estas encomiables concentraciones para llevar a cabo actos de violencia que están siendo arteramente utilizados por el gobierno social-comunista y por los propios separatistas para denigrar como propias del fascismo concentraciones ciudadanas en defensa de la democracia y del ordenamiento constitucional.
En este sentido, no han podido ser más oportunas las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde José Luis Martinez-Almeida, al condenar coherentemente tanto el vandalismo de los alborotadores como esta maniobra política y mediática que trata de amalgamar a los salvajes con los manifestantes que, en su inmensa mayoría, son "gente de orden" hasta para protestar contra la infamia.
Negándose a calificar de "fascistas" a quienes en su inmensa mayoría se manifiestan "en defensa de la democracia", Ayuso ha expresado rotundamente tanto su "absoluta condena" a estos actos vandálicos "como también apoyar a quienes se manifiestan pacíficamente en defensa de su democracia". A su petición de "que sean detenidos y juzgados cada uno de ellos" —en referencia a los agresores de la policía— se ha sumado el alcalde de Madrid José Luis Martinez-Almeida, quien, tras advertir que una gran mayoría de manifestantes actuaron de "manera pacífica", ha condenado "sin paliativos" a los salvajes que protagonizaron los incidentes y agredieron a la policía, para los cuales, ha manifestado "no voy a pedir ni el indulto, ni la rebaja del tipo penal ni la amnistía".
Dejando en evidencia a Pedro Sánchez, quien a cambio de mantenerse en el poder, ha rebajado las penas, ha indultado, y ahora pretende borrar, a través de una inconstitucional amnistía, el mismo hecho delictivo que constituyen actos de violencia mucho más graves, Almeida aun se ha quedado corto al dejar de manifiesto la impostura del PSOE. Y es que el PSOE después de haber propuesto en el Senado una proposición que expresaba "la más rotunda condena por el acoso sufrido en las sedes del PSOE en los últimos días" se ha negado a modificarla por una declaración que expresaba "la más rotunda condena a cualquier forma de violencia que se pueda producir contra la sedes de cualquier formación política".
Tanto el PP como Vox tienen ya un largo historial de manifestaciones como para que todos sepamos —como saben mejor que nadie los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado— que los actos convocados por estos dos partidos son siempre muestras de civismo en las que ni los adversarios políticos, ni el mobiliario urbano ni menos aun la policía sufre la menor agresión. Por ello, no sólo son completamente lógicas las condenas de sus representantes contra "todo acto de violencia o vandalismo" —condenas por parte de representantes como Abascal o como Rocío Monasterio que han sido ocultadas por buena parte de los medios de comunicación—, sino que es imprescindible identificar a los salvajes —muchos de ellos con pasamontañas— que se han infiltrado en las concentraciones, ya sean provenientes de formaciones neonazis o fascistas, como Bastión Frontal, Juventudes Canillejas, ya sean provenientes de Ferraz —como sospechan desde Vox—.
En caso contrario, estas viejas técnicas del comunismo de tan rabiosa actualidad, como la proyección, la infiltración y la amalgama, terminarán por dinamitar unas legitimas concentraciones en defensa de la democracia que pasarán a ser tachadas y perseguidas como fascistas muestras de violencia política