"El lawfare es como las meigas. Uno puede no creer en ellas, pero haberlas, haylas. Casos de lawfare, sin duda los hay en este país, y negarlo es un gesto de cinismo. El Poder Judicial no puede agarrarse al corporativismo y decir que no hay casos de lawfare en España, porque los hay, los ha habido y están demostrados". Lo dijo Óscar Puente, el leal lugarteniente. Paladinamente. De manera clara, evidente, pública, manifiesta, transparente, palmaria, patente.
La estrategia que vemos en este inicio de legislatura es igual de nítida: primero se suelta al ministro más garrulo y tosco (o también a Bolaños, que es el segundo, aunque más menudito) para que vaya adelantando el mensaje ante las cámaras, hablando así, como en la barra de un bar. Y después, ya formado el barullo, aparece unos días después el líder supremo y, ante la pregunta de la más sectaria de las entrevistadoras de televisión acerca de si hay o no hay lawfare en España, responde, bajando un poquito el tono y con palabras aparentemente más suaves, que "se han instrumentalizado instituciones públicas de nuestro país, definitivamente... Definitivamente".
La cosa apunta maneras. ¿Qué más pedía Junts? El caso es que ya tenemos dos, pero habrá más comisiones de investigación constituidas en el Congreso de los Diputados para inspeccionar la labor de los jueces. El poder legislativo entrando como elefante en cacharrería en el judicial para evaluar a los jueces díscolos o revoltosos, y comenzando por los que formaron Sala en el procés, que seguramente ha sido —mira por dónde— el juicio con mayores garantías para los imputados y con mayor publicidad de la historia de nuestro país. Dice Miriam Nogueras que han de ser cesados y procesados.
Sánchez no se atreve a pronunciar la palabra. Eso lo deja para sus secuaces de a pie. Él está muy ocupado, aunque aún no llegue, como Calígula, a nombrar cónsul a su caballo, ni tampoco, como Nerón, a ordenar la quema de la ciudad mientras toca la lira. Prefiere ir a reírse con Jorge Javier mientras los ministros presentes aplauden con estrépito las gracietas de uno y las payasadas del otro. Puro NODO, en fin. No se atreve para no mancharse, pero sí dice (eso sí) que "se han instrumentalizado instituciones públicas de nuestro país, definitivamente".
Veamos cuál fue un caso claro de instrumentalización de instituciones públicas de nuestro país. Se conoce, pero no se conocen todos los detalles. Me refiero a la madre de todas las instrumentalizaciones de instituciones públicas de nuestro país. Sí, me refiero, como no podía ser de otro modo, a la utilización de una frase suelta vertida por la Sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de mayo de 2018. Una frase de la sentencia del caso Gürtel que después sería "borrada" en la que pronunció el Tribunal Supremo. Una frase de una sentencia que no era firme, pero que aunque no lo fuera, sí sirvió para montar la moción de censura que impulsó al sátrapa a La Moncloa. La frase es ésta: "los responsables del Partido Popular sabían cómo se financiaban las elecciones y en nuestro caso las de Majadahonda y Pozuelo; negarlo es ir no solo contra la evidencias puestas de manifiesto sino en contra de toda lógica".
Para explicarlo en condiciones hace falta una breve digresión académica. En el Derecho penal tenemos el delito de receptación. Es el que comete quien, no habiendo sido el autor de un robo, compra al ladrón el objeto robado. Lo mismo ocurre con el que compra conociendo que la cosa que le venden proviene de un hurto, o de una estafa, o de una apropiación indebida, o hasta de una malversación. En cambio, no comete delito de receptación quien compra ignorando que la cosa es el producto de un delito antecedente. Si ignoraba que era un objeto robado, podrá ser condenado a restituir su lucro ilícito, pero solo a eso. Será un mero partícipe a título lucrativo, pero no autor de un delito de receptación. Será un receptador civil, no un receptador penal.
Pues bien, si "los responsables del Partido Popular sabían cómo se financiaban las elecciones y en nuestro caso las de Majadahonda y Pozuelo" y si "negarlo es ir no solo contra la evidencias (…) sino en contra de toda lógica", ¿por qué la Audiencia Nacional no condenó penalmente también al Partido Popular? ¿Por qué solamente se le condenaba a restituir el lucro ilícito obtenido? Pues muy sencillo, dijo después el Tribunal Supremo cuando el asunto llegó a casación (STS de 14 de octubre de 2020): al Partido Popular "no se le ha enjuiciado por actividad delictiva alguna, (…pues) en la época en que suceden los hechos no había entrado en vigor la reforma que en nuestro Código Penal tiene lugar mediante ley 5/2010, de 22 de junio de 2010, con la que se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas". No se le condenó porque no existía todavía en nuestro Derecho la responsabilidad penal de la persona jurídica. El PP compareció en la causa solo en la condición de partícipe a título lucrativo. Receptación civil, no penal. O lo que es lo mismo: sobraba cualquier mención a si sus responsables conocían o ignoraban cómo se financiaban las campañas, pues "no se puede afirmar una responsabilidad penal sin acusación o defensa. Nadie acusó porque no se podía". Apuntar una responsabilidad penal "es tanto como situarse en el lugar de la acusación y condenar sin instancia de parte". Y por ello dice el Tribunal Supremo que la contradicción en la que entró la sentencia de la Audiencia Nacional es evidente. La condena del PP como responsable civil se mantiene, pero se revoca esa parte de la sentencia de la Audiencia Nacional en la que se contenía la frasecita de marras. Pero ya daba igual. Aunque no pudiera afirmarse que los responsables del Partido Popular conocían cómo se financiaban las elecciones de Majadahonda (a la sazón , mi pueblo), eso ya daba igual. El daño estaba hecho.
En resumidas cuentas, el Supremo tiraba por tierra lo que, sin embargo, había sido el detonante único de toda aquella exitosa moción de censura contra Mariano Rajoy, entonces Presidente del Gobierno. En definitiva, una frase extraída de una sentencia que no era todavía firme sirvió para tumbar a un Gobierno. Y así se escribe la historia.
No sé si se tratará de un ejemplo de lawfare. Y que Dios me libre siquiera sea insinuarlo, porque sería tanto como decir que los jueces Ricardo De Prada y Julio De Diego (el tercer miembro de la Sala era Ángel Hurtado, que formuló voto particular al respecto) buscaban servir en bandeja una hipotética moción de censura a quien se pudiera beneficiar de ella, y hay que ser malo malísimo para pensar semejante cosa. Pero que el Partido Socialista supo hacer lo de "aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid" está muy claro.
Acaso se trate de la larguíiiisima mano a la que se refería Bolaños en la última sesión de control al Gobierno. Yo, por mi parte, autorizo al señor Sánchez a que tome el ejemplo para el próximo libro que firme como propio. No hace falta que me cite. Además, creo que lo de citar obras ajenas no se le da bien...