Aun cuando las conclusiones oficiales de la delegación del Parlamento Europeo que ha acudido a Cataluña para evaluar los efectos de la inmersión lingüística aun tardarán unos meses habida cuenta del obstruccionismo de la Generalidad, las duras manifestaciones que ha realizado este miércoles su presidenta, la estonia Yana Toom, ya suponen una condena en toda regla del ilegal, antipedagógico y liberticida modelo lingüístico que excluye la enseñanza en castellano de Cataluña, lengua oficial y lengua materna de más de la mitad de los catalanes. Y es que la presidenta de la delegación europea no se ha limitado a denunciar ese obstruccionismo, consistente en la negativa de la Generalidad a permitir que los eurodiputados se pudieran reunir a solas con los directores de los centros escolares visitados, o en la falta de respuesta de la administración autonómica a la hora de aportar por escrito datos como el de cuántos alumnos en general reciben el 25% de educación en castellano. Toom, además de eso y de lamentar los "pobres y tristes" resultados obtenidos por los colegios catalanes en el informe PISA, ha denunciado cómo "los ciudadanos en Cataluña tienen que ir ellos mismos a la Justicia" para conseguir que sus hijos puedan cursar sus estudios en castellano.
En este sentido, la presidenta de la delegación del Parlamento Europeo ha ratificado también que las autoridades judiciales, esto es, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, les ha remarcado que "es responsabilidad de la Administración" aplicar la sentencia del 25% de castellano y que les ofrecieron pruebas tangibles de potenciales de "delitos de odio" contra los padres que reclaman a la Justicia el derecho de sus hijos. Es más, el presidente del Alto Tribunal catalán, Jesús María Barrientos, y el de la Sala de lo Contencioso, Javier Aguayo, habrían trasladado a los eurodiputados el acoso que el separatismo les ha infringido por dictar la sentencia del 25% en defensa de un bilingüismo en la enseñanza que los nacionalistas se niegan a conceder.
No creemos que ese acoso les haya extrañado a los eurodiputados habida cuenta de que ellos mismos lo han sufrido durante todos los días de su visita, tal y como también ha denunciado la propia presidenta de la delegación al señalar las concentraciones separatistas en la que "nos han llamado racistas y fascistas delante de las fuerzas de seguridad".
Ahora bien. Aun cuando esta misión europea haya puesto de los nervios al gobierno autonómico catalán, que no ha ocultado en ningún momento su hostilidad hacia la misma, y aun cuando haya supuesto un respaldo moral a los catalanes que ven cercenado su derecho a que sus hijos se les enseñe también en castellano, que nadie se llame a engaño: el principal responsable de esta vulneración de derechos civiles tan elementales no es el gobierno autonómico golpista que lo perpetra sino el gobierno español que lo consiente. Es el gobierno español y su negativa a cumplir y hacer cumplir las leyes el máximo responsable de esta independencia de facto que se concede a la Cataluña nacionalista como si de una república soberana e independiente se tratara.
Aun así, esperemos que esta misión europea sea la antesala para futuros recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y es que los ladridos de los nacionalistas siempre es señal de que se cabalga en la buena dirección.