El presidente del gobierno, desde junio de 2018, lleva expoliando a la Nación española, sin piedad y sin medida, sólo para atender a sus objetivos personalistas, que lo son en beneficio propio.
Se le vio desde el principio; no valoró el trabajo de aquellos trece ministerios, uno con vicepresidencia, de su antecesor Mariano Rajoy, sino que, desde el inicio, los 13 ministerios se convirtieron en 26, de entre ellos, 4 vicepresidencias, sustituyendo a la única anterior.
¿Había trabajo para tanta gente? ¿Se siente el español más satisfecho, gracias al cúmulo ministerial?
Habrá opiniones varias, pero fuera de dudas queda que, el techo de gasto, que en 2018 era de 119.834 millones de euros, para 2024 se prevé situarlo en 199.120 millones; un incremento superior al 65%.
En 2020, el gasto creció un 50%. ¿Motivo? Hacer frente a la pandemia del COVIT 18 –prescindimos aquí de evaluar aquella gestión–. También tuvieron pandemia otros países de la UE, pero, remitida, redujeron el gasto a sus niveles previos. El presidente Sánchez siguió incrementándolo.
¿Puede obviarse valorar esa actitud? Recordando el Derecho Romano y las Sagradas Escrituras, vienen a nuestra consideración dos figuras: la prodigalidad y la deslealtad o administración desleal.
La RAE, define al pródigo, como "la persona que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles, sin medida ni razón". El Derecho Romano, consideraba pródigo al que malgastaba sus bienes inútilmente, y en San Lucas, pródigo fue el que "dilapidó su hacienda viviendo licenciosamente" [Lc. 1513].
Atendiendo a estas fuentes, la gestión de Sánchez sería difícil de enmarcar en esta figura –ya que se habla de sus recursos, que en este caso no lo son–. Distinto sería considerar la figura del administrador desleal. Aquí, no se trata de recursos propios sino ajenos, exigiendo para ello probidad y responsabilidad, sin llegar nunca a pérdidas patrimoniales.
El Derecho español es prolijo en los casos de administración desleal. En San Lucas encontramos, también, al mayordomo infiel [Lc. 161-13], incluso al traidor –que traiciona la confianza depositada–, tratado por los cuatro evangelistas.
El incremento del gasto, el déficit excesivo y, consecuentemente, el aumento de deuda pública, son signos que, prima facie, calificarían la gestión como irresponsable o desleal.
El Gobierno vive al margen de estos problemas. Cuando la UE le pide ajustar las cuentas, advierte a las CCAA que se obligarán al déficit cero; mientras, el Gobierno Central vivirá elevados déficits, con reproches, pero sin enmienda.
El famoso plan de reequilibrio –denominación indicativa de los fracasos del equilibrio–, con sus catorce medidas recaudatorias –que podrían aportar 7.350 millones–, ha sido criticado por propios y extraños. La Comisión Europea no se lo cree, y la AIReF lo ha denunciado, con el rigor acostumbrado.
¿Y el gasto discrecional? ¿Y los 26 Ministerios? ¿Hasta dónde la contratación de empleados públicos? ¿Es caprichosa la relación entre empleo público y privado? La redundancia del segundo la resuelve el empresario, pero, quién soluciona la del primero.
Algo tiene que ver esto con una administración desleal.
¿Consecuencia? Indignidad gobernante.