Cuando un partido de Gobierno se convierte en lacayo de una formación separatista no cabe extrañarse de que acabe siendo chantajeado a las primeras de cambio, como le está ocurriendo a Sánchez con el grupo dirigido por Puigdemont a menos de dos meses de que echara a andar la presente legislatura. Con la convocatoria del primer pleno parlamentario de cierta relevancia, el partido del prófugo ha anunciado su negativa a validar los importantes decretos que el Gobierno va a someter a votación de la Cámara baja, con lo que, previsiblemente, Sánchez cosechará la primera gran derrota de una legislatura llamada a ser más corta de lo que él desearía.
El Ejecutivo social-comunista ha entrado en pánico y trata de salvar la votación de este próximo miércoles engatusando al Partido Popular, una fórmula patética y demasiado manida que, sin embargo, suele funcionarle bien al PSOE cada vez que necesita que los populares lo salven del chantaje de sus socios naturales. No parece que vaya a ser así en esta ocasión, aunque el PP es muy capaz de cometer, por enésima vez, el error de actuar con lealtad hacia los que solo buscan su destrucción.
El Gobierno necesita aprobar los tres decretos anticrisis sometidos a la votación de la Cámara Baja, que introducen importantes medidas fiscales, laborales y jurídicas, estas últimas en cumplimiento de los mandatos más recientes de la UE. La negativa de Junts, a la que habría que añadir la de Podemos, deja en el aire la aprobación de este paquete de medidas y pondrá en un serio aprieto al Gobierno, que deberá negociar de nuevo con sus socios separatistas la introducción de reformas imposibles en la redacción de dichos decretos. Es el caso de la exigencia del partido de Puigdemont de eliminar la cláusula que suspende la aplicación de una ley nacional cuando haya sido recurrida ante los órganos de la Justicia europea, cuya aplicación supondría la suspensión de facto de la futura ley de amnistía. Pero un Gobierno no puede saltarse a la torera la interpretación racional de las normas europeas, por lo que la frustración de los separatistas liderados por el fugado no va a dejar de crecer en las próximas semanas, a medida que se dilate la llegada del perdón negociado con Sánchez a cambio de empotrarlo en La Moncloa.
Pero todo eso es un problema que Sánchez tendrá que resolver con sus socios… si es que puede. Sus cambalaches con el separatismo no pueden ser un juego siempre ganador para el peor Gobierno de la Historia de España, que exige sacar adelante su proyecto de demolición nacional con el apoyo de sus aliados o con el de la oposición.
Sánchez eligió bando en su discurso de investidura y, para que no quedaran dudas, levantó un muro "democrático" para evitar cualquier contacto con la oposición. Ahora le toca apechugar con su responsabilidad en un asunto en el que los populares no están en absoluto concernidos. Mucho menos los votantes del centro-derecha, que no entenderían que sus votos sirvieran para salvar la cara al Ejecutivo social-comunista, que ha hecho del sectarismo y el insulto a la media España que no lo soporta el eje central de su estrategia política.