Si recordamos los numerosos escándalos que ha protagonizado el ministro del Interior, cada uno de los cuales ya fue motivo por sí solo para que hubiera dimitido o hubiese sido cesado, podemos indignarnos, pero no sorprendernos ante la indigna decisión de Fernando Grande-Marlaska de aferrarse al cargo a pesar de ser el responsable de los precarios medios con los que contaba la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar que ha tenido como consecuencia el asesinato de los dos guardias civiles embestidos el viernes por una narcolancha en el puerto de Barbate.
Lo peor, sin embargo, es que el ministro ni siquiera se ha molestado en dar explicaciones de por qué tomó una decisión tan sumamente irresponsable y de tan trágicas consecuencias como la de desmantelar, hace ahora 16 meses, el Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON)Sur —integrada por 130 agentes especializados en la lucha contra el tráfico de drogas y actividades ligadas a ella como el blanqueo de capitales, el crimen organizado y la corrupción—, a pesar de haber pulverizado las estadísticas en detenciones e incautaciones de alijos desde su creación. Era un grupo en comisión de servicio disponible las 24 horas y los siete días de la semana que, según recuerda uno de los mandos del Campo de Gibraltar, mantuvo a raya el narcotráfico. No es de extrañar, en este sentido, que esa decisión de Marlaska —no comunicada a la Fiscalía— fuera ampliamente jaleada por los narcos en las redes sociales.
Teniendo presente que la omisión de deber de perseguir delitos y delincuentes está incluso tipificado como delito, ¿cómo es posible que Marlaska tomase esa decisión que iba a permitir a los narcos campar a sus anchas? ¿Cómo esa decisión no fue coordinada ni siquiera comunicada al Ministerio Público? Es cierto que, desde que se hizo público el espionaje de los teléfonos móviles de Sánchez y sus ministros —espionaje del que Marruecos es el principal sospechoso—, la política del gobierno de Sánchez ha sido la de favorecer a ese país —máximo exportador de hachís del mundo— en todos los ámbitos. Pero, sin llegar a esos delictivos y especulativos extremos, ¿a qué se debió esa decisión cuanto menos negligente? ¿Fue por ahorrarse costes? ¿Fue por condescendencia no confesa ante el trafico de hachís?
Lo que es inaceptable es que ni el ministro ni el gobierno den la más mínima explicación. No es de extrañar, en este sentido, que la viuda de uno de los guardias civiles, descompuesta e indignada, se negara a que Marlaska colocara una medalla en el féretro de su marido.
Por si fuera poco, y como la ignominia parece no tener límites, los socialistas catalanes se han sumado a los separatistas para negarse a guardar un minuto de silencio en el parlamento de Cataluña por los guardias civiles asesinados, a pesar de que uno de ellos era natural de Barcelona. A ese grado de desprecio han llegado los socialistas, quienes sólo tienen aprecio por los cargos que tan indignamente ostentan.