Tras el último y duro varapalo judicial que le ha dado el Tribunal Supremo por su bochornoso nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y de Memoria Histórica, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz ha mostrado en 24 horas su desfachatez por partida triple. Por un lado, se ha permitido mentir a los medios de comunicación al afirmar que su cargo está "blindado" por ley y no se le puede cesar; por otro, se ha permitido hacer algo tan insólito como recusar arteramente a los magistrados del Tribunal Supremo que tienen que resolver el recurso contra su designación como máximo representante del Ministerio Fiscal; y, por último, se ha permitido hacer suya, ante los micrófonos de RTVE, la acusación de los separatistas de lawfare contra los jueces.
Empezando por lo primero, es cierto que la ley (articulo 31.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal) establece que el mandato del Fiscal General del Estado tendrá una duración de cuatro años, pero no es menos cierto que, entre los tasados motivos por los que sí podría cesar antes de concluir ese plazo —además de por enfermedad, por petición propia, o por cese del Gobierno que lo hubiera nombrado–, se encuentran los motivos de incompatibilidad y por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones.
Si tenemos presentes los tres gravísimos varapalos judiciales que ya ha recibido el Fiscal General del Estado por parte del Supremo —en el que se incluyen la apreciación de "desvío de poder"—; si recordamos su escandalosa decisión de privar al Consejo Fiscal de emitir el dictamen solicitado por el Senado sobre la Proposición de Ley de Amnistía; si recordamos su decisión de ignorar a la Junta de Fiscales que concluyó por abrumadora mayoría, que existían indicios para abrir una nueva causa al golpista Carles Puigdemont por terrorismo en relación con el Tsunamic Democratic; o, más recientemente, la filltración por parte de la fiscalía en el caso del novio de Ayuso, ya nos podemos hacer una idea del reiterado y gravísimo incumplimiento de Garcia Ortiz de sus funciones como Fiscal General del Estado.
Y es que una cosa es que García Ortiz esté blindado por Sánchez y otra cosa, muy distinta, que esté blindado por ley. De hecho, hasta su misma renovada designación está en tela de juicio como prueba el recurso que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales presentó contra la misma ante el Tribunal Supremo.
García Ortiz ha tenido la artera e insólita ocurrencia de pedir la recusación de cuatro magistrados del alto Tribunal por ser los mismos que ya se han pronunciado contra su "desviación de poder" al proponer a Dolores Delgado como fiscal togada. Vamos, como si por ello estuvieran "contaminados" o como si este fuera el único motivo por el que se ha recurrido su renovación en el cargo contra el que también se pronunció en su día el CGPJ.
En este ámbito hay que ubicar, en tercer lugar, el gravísimo hecho de que un fiscal general del Estado se permita acudir a RTVE a erosionar nuestro sistema de Administración de Justicia tal y como hizo el mismísimo presidente del gobierno al que tan fielmente sirve.
Por todo lo anterior, bien está que el Senado haya reprobado políticamente a este fiscal general del Gobierno. Pero también hay que denunciarlo en Europa como parte decisiva del proyecto del gobierno de avanzar hacia un cambio de régimen en el que la independencia del Poder Judicial y la libertad de prensa se pueda denigrar y limpiar como al fango.