En el ejercicio de sumisión total que los ministros y otros cargos públicos del Estado tributan al jefe del sanchismo, cabe preguntarse: ¿por qué lo hacen? ¿qué los lleva a adoptar esa conducta de tragar con todo? ¿Es por dinero? No parece, dado que es un sueldo que a nadie le hace rico. ¿Es por el poder? Para algunos de los afectados, pudiera ser, porque fuera de ese cargo, quizás no tendrían, en expresión coloquial "donde caerse muertos", pero no deja de ser un "poder" temporal, efímero.
Por eso la pregunta pertinente, hecha desde la buena intención, partiendo del prestigio profesional que algunos acumularon en el pasado, sería: ¿de verdad les merece la pena tanta indignidad, tanto ir contra el sentido común? Y como los afectados son muchos, querría limitarlo en esta reflexión a tres personas: el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz; la ministra de Defensa, Margarita Robles y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
En el caso del Fiscal General no se podría hablar de un pasado profesional brillante, sino más bien muy normal. Desde luego, nada que ver con el que acumulan los cuatro fiscales del Tribunal Supremo, que lo fueron en el juicio del procés, y que se han mostrado contrarios a aplicar la ley de amnistía a Puigdemont por el delito de malversación, algo que García Ortiz no comparte, ordenándoles que sí lo hagan, a lo que los cuatro fiscales han respondido: mándenos esa orden por escrito, y si mantiene ese criterio, apártenos de este caso.
Viene muy al caso la famosa respuesta que hace poco tiempo dio el jefe del sanchismo durante una entrevista a RNE: "¿el Fiscal General del Estado de quien depende? Pues eso". Ya se ve que García Ortiz se ha puesto en primer tiempo de saludo a lo que mande Sánchez, sin disimular lo más mínimo. ¿Pero dónde queda su dignidad? ¿Cómo puede mantenerse en el cargo, con los varapalos que ha recibido del Tribunal Supremo en cuestiones como el nombramiento de su madrina, Dolores Delgado, como fiscal de la memoria democrática? ¿o el que acaba de recibir y que va a acabar en el Tribunal Supremo, en relación con la filtración, a través de un comunicado ordenado por él, relativo a datos de las gestiones que el abogado del novio de Ayuso había llevado a cabo con la fiscalía?
¿Cómo tiene el cuajo de filtrar que, aunque sea investigado/imputado por el Supremo, no piensa dimitir? ¿No es consciente de que cuando al jefe del sanchismo le sea incómoda su situación procesal, le dejará caer? Y entonces ¿con qué cara García Ortiz mirará a sus colegas fiscales, que asisten atónitos al espectáculo de sumisión y falta de independencia que está dando el Fiscal General desde que fue nombrado para el cargo?
El caso de Margarita Robles tiene unas características especiales: fue Secretaria de Estado de Seguridad en el último gobierno de Felipe González, en unos años en que la actividad criminal de ETA era intensa; es juez; ha sido magistrada en el Tribunal Supremo, ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial. En todos estos años que ha sido ministra del jefe del sanchismo, Robles, como miembro del Consejo de Ministros ha dado su visto bueno, su plácet, a medidas que no solamente han dividido profundamente a la sociedad española, sino que han sido muy cuestionadas por jueces, fiscales, a los que el Gobierno del que forma parte la señora Robles, empezando por su presidente, han criticado y puestos en cuestión.
Como ministra de Defensa, Margarita Robles tendrá claro que el indultar primero y amnistiar después a todos los líderes independentistas que intentaron dar un golpe de Estado en Cataluña en el 2017 para separar a esa Comunidad Autónoma del resto de España, no habrá sido muy del agrado de los jefes, oficiales y miembros del Ejército en el que ella es la máxima autoridad política. Mucho más, cuando el jefe del sanchismo ha puesto y veremos si sigue poniendo en riesgo la soberanía, independencia e integridad territorial de España por siete votos, los del prófugo Puigdemont, para poder seguir manteniéndose en el poder.
En cuanto al ministro de Interior, también juez de carrera y exvocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP, ha sido una pieza esencial para llevar a cabo el blanqueamiento de ETA y de sus herederos políticos. El acercamiento de todos los presos de la banda terrorista —incluidos los más sanguinarios— a cárceles del País Vasco ha sido obra de Grande-Marlaska, porque así lo pactó Sánchez con Bildu, para recibir sus votos en la investidura.
Grande-Marlaska fue juez en Bilbao, luego estuvo en la Audiencia Nacional, en la que desarrolló una buena tarea en la lucha contra ETA. Conoció bien la realidad, el sufrimiento y el dolor que produjo la banda terrorista en el País Vasco y en el resto de España. ¿Cómo ha podido prestarse a ese "enjuague"? Por no hablar de su abuso de poder, corregido posteriormente por el Tribunal Supremo, con el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, por negarse a facilitar información al Ministerio de Interior sobre las investigaciones que como cuerpo judicial estaba llevando a cabo la Benemérita en torno a la manifestación feminista del 8 de marzo de 2020.
Robles y Marlaska, y en menor medida García Ortiz, son sólo tres ejemplos de la pregunta: ¿de verdad les merece la pena? En términos de dignidad personal, de respeto a su trayectoria, de lo que coloquialmente se denomina "vergüenza torera", parece claro que la respuesta es no. Pero puede ser que el jefe del sanchismo tenga unas dotes de persuasión, de abducir a sus colaboradores más cercanos, que acabe transformando a estos en unos seres inanes, sin alma. Lo que tienen que pensar estos es que más temprano que tarde llegará el fin de esta etapa tan triste para España en la que ellos han sido cómplices y colaboradores necesarios de tanto desvarío. Y así serán recordados por gran parte de los españoles.
