Tras haber instado recientemente en estas páginas a la oposición a Sánchez a "incrementar su denuncia en Europa y en las calles" frente a lo que hemos denominado "proceso de bolivarización de España", no podemos sino secundar el llamamiento que este lunes ha hecho el expresidente del Gobierno José María Aznar en favor de una "movilización total de la ciudadanía", no sólo en contra de una financiación privilegiada y de una condonación de deuda a la irresponsable y golpista administración autonómica catalana, sino también contra el descarado intento de Pedro Sánchez de "quebrar la separación de poderes y la libertad de información".
Y es que los exabruptos del ministro Óscar Puente contra el periodista Vito Quiles —al que ha llamado "saco de mierda" y al que se ha permitido amenazar con "hacérselo pagar caro"—, por mucho que merezcan el "fulminante cese" del ministro —tal y como ya ha reclamado el PP—, son peccata minutta comparado con el proyecto legislativo con el que el Gobierno de Sánchez pretende amordazar a los medios de comunicación que el Ejecutivo considere que son pseudomedios de comunicación o propagadores de bulos.
Ni que decir tiene que la libertad de prensa no ampara ni los bulos, las calumnias o las injurias, pero precisamente para combatirlas ya está la libre competencia de los medios de comunicación y los tribunales de Justicia sin necesidad de nuevas e intimidatorias normas como la que el Gobierno, con el falso ropaje de normativa europea, pretende en realidad controlar a los medios de comunicación, a sus propietarios y a sus fuentes de financiación. El problema de este Gobierno —quizá el mayor propagador de bulos de cuantos haya tenido España— es que, no soportando la libertad de prensa tampoco soporta la independencia del poder judicial, ámbito que también quiere someter a su control mediante la mal llamada renovación del Consejo General del Poder Judicial.
En este sentido, y tras la amenaza de Sánchez de cambiar las mayorías necesarias para la renovación del CGPJ, bien está que Feijóo acote el terreno de juego al asegurar que "el PP firmará lo que sea avanzar en la independencia del Poder Judicial". Pero la negativa del PSOE a que sean los propios jueces los que elijan al menos la mitad de los miembros del CGPJ, tal y como exige la UE debe de ser denunciada por el PP todos los días como la responsable de la prolongada situación de interinidad del órgano de gobierno de los jueces. En caso contrario, será el PSOE el que logre imponer su artero relato —como en parte ya ha conseguido— según el cual es el PP el culpable de la situación de bloqueo.
Lo que es evidente es que acabar con lo que queda de prensa y de poder judicial independientes es a lo que fundamentalmente se va a dedicar Pedro Sánchez hasta 2027. Olvídese el PP de elecciones anticipadas o de mociones de censura que lo que pretendan no sea una mera denuncia política de lo que está pasando, sino un iluso intento de acabar con el gobierno de Sánchez con el apoyo al alimón de formaciones tan dispares como Vox y los separatistas de Puigdemont. Eso no va a suceder. Lo que sí estamos en ciernes de que suceda es un proceso involucionista de transición de una democracia liberal a un régimen bananero en que la separación de poderes —incluido el cuarto poder— brille por su ausencia.
Lejos de ahondar en sus diferencias, lo que debe hacer la oposición es unirse y despertar esa "movilización ciudadana" en contra de este proceso de bolivarización de España y de claudicación ante los separatistas. Porque, como ha señalado Aznar, "si los españoles, por el contrario, se retraen y aceptan que aquí puede haber una situación más o menos escandalosa dañina para las instituciones y el Estado de derecho", entonces el siguiente paso será "no hay Estado de Derecho y no hay libertad de prensa". O, lo que es lo mismo, no persistirá la democracia liberal.
