Si el procés de Cataluña tiene más fuerza que nunca, tal y como en parte ya se ha señalado en estas mismas páginas, es porque ha venido a insertarse en un proceso más general liderado por Pedro Sánchez como es el que pretende hacer transitar a España de un modelo de democracia liberal como el que impera en Europa a un modelo con pulsiones totalitarias propio de una república bananera en el que ordenamiento constitucional es papel mojado y la separación de poderes y la libertad de prensa brillan por su ausencia.
Buen y reciente ejemplo de hasta qué punto la libertad de prensa y la independencia del Poder Judicial constituyen un erradicable "fango" para este "proceso de bolivarización" de España son las declaraciones de Pedro Sánchez de este miércoles en las que ha arremetido contra los medios de comunicación independientes desdeñándolos como "tabloides" que crean "bulos" que son "amplificados en platós y tertulias radiofónicas" y en las que, según Sánchez, "están sobrerrepresentados" los tertulianos "de derechas". Y es que el presidente del Gobierno, en su afán de control del llamado "cuarto poder", no sólo exige más tertulianos de su cuerda ideológica, sino que, además, no descarta multar a los medios que, según él, "difamen o mientan", tal y como abiertamente le propone su aliado de ERC Gabriel Rufían.
En cuanto a la independencia del Poder Judicial, el presidente del gobierno no sólo se ha permitido hacer suyas las acusaciones de lawfare que hacen los golpistas contra el Poder Judicial sino que se ha permitido dar un "ultimátum" de quince días al PP para que se avenga a la sectaria renovación del CGPJ al tiempo que amenazaba al órgano de gobierno de los Jueces con eliminar su constitucional facultad para hacer nombramientos en el Tribunal Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia.
Sánchez ha tenido la insuperable desfachatez de apelar al derecho comparado para cuestionar esta constitucional facultad de nuestro CGPJ cuando, puestos a comparar, que no a descontextualizar, lo cierto es que España es uno de los pocos países de Europa en donde las Cortes designan a todos los miembros del órgano de gobierno de los Jueces, hecho por el que nuestro país ha sido y sigue siendo amonestado por Bruselas que reiteradamente ha señalado que al menos la mitad de sus miembros tendrían que ser elegidos por los propios jueces y magistrados.
En este sentido, tiene toda la razón la Asociación Profesional de la Magistratura —asociación mayoritaria de jueces en nuestro país— al denunciar en un comunicado la amenaza de Sánchez como "inaceptable y un auténtico atropello constitucional". Eso, por no hablar del oficio que los fiscales del 1- O han remitido al fiscal general del Estado donde le reclaman que dé por escrito la orden que este martes les anticipó como la de aplicar la ley de amnistía incluso a los delitos de malversación como los que se le acusa a Puigdemont.
Así las cosas, Sánchez, quien ya tiene el control mayoritario del Tribunal Constitucional presidido por Conde-Pumpido, bien puede hacer suya aquella proclama golpista que hiciera Artur Mas en 2012: "No me pararan ni Tribunales ni Constituciones". Lo que es evidente es que el proceso de "bolivarización" de España está en marcha y que de su mano prosigue el procés en Cataluña. Téngalo en cuenta la oposición constitucionalista para incrementar su denuncia en Europa y en las calles contra este deliberado asalto al poder Judicial por parte del Ejecutivo social-comunista y sus aliados separatistas. Es la persistencia de la democracia liberal lo que está en juego.