El fuego es real, peligroso y terrible y tiene que ver con la incapacidad de reconocer que por sí mismo no puede ganar el gobierno de la Nación. No lo ha hecho en elecciones pasadas y no parece que vaya a hacerlo en cualquier otra futura. Si por acción u omisión, el PP hace posible otra reedición del monstruo político salido de las elecciones previas gracias a la coalición tiránica sobre la democracia constitucional de Pedro Sánchez, la suerte ya estará echada.
Por otra parte, sus inclinaciones a pactar con el tirano un poder esencial de la democracia volviendo al viejo sistema que propició el reparto de cargos en la estructura superior de la justicia, no son nada entendidas por una gran parte de sus votantes. La Constitución dejó claro que de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, 4 serían nombrados por el Senado y 4 por el Congreso siempre con una mayoría de 3/5, lo que obliga al acuerdo y al equilibrio.
Los otros doce serían elegidos entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que estableciera una ley orgánica. La Ley llegó en 1985 de la mano del PSOE de la supermayoría absoluta e impuso la versión de que, dado que todo poder del Estado emana del pueblo, son Las Cortes, esto es, Senado y Congreso, y no los jueces y magistrados los que tienen que nombrar a los 20 miembros del Consejo. Esto es, se abrió la veda para el chalaneo y reparto de sus cargos entre los dos principales partidos de entonces.
Incluso a pesar de la tortura del texto constitucional para no admitir la existencia independiente de una esfera judicial, se aceptó que la mayoría necesaria para la elección de los miembros debía seguir siendo de 3/5, esto es, 225 diputados de los 375 actuales y 159 senadores de los 266 que hoy tenemos. El PSOE y el PP suman más de los 225 diputados necesarios en la Cámara Baja y suman más senadores de los necesarios. Pero desde hace años no se ponen de acuerdo en los nombres de quiénes pueden ser nombrados resultando paralizado el proceso y otros elementos más.
A la primera interpretación que triunfó arrebatando a los jueces y magistrados la facultad de elegir libremente a sus representantes en el Consejo General, se une ahora lo que es ya una imposición deliberada de que una mayoría absoluta, esto es, 176 escaños, sea suficiente para decidir quiénes deben formar parte de la cúspide judicial. Pero no se repara en que aquello ocurrió porque se argumentó que con una mayoría de 3/5 era suficiente para asegurar que ningún partido impusiera a sus candidatos. Ahora, la tiranía creciente de Pedro Sánchez quiere imponer a sus preferidos.
Decía el Padre Juan de Mariana en su libro sobre el rey y la institución real, que para nada es lo mismo un Rey que un tirano. Es más, aunque el tirano haya accedido al poder de un modo legítimo degenera en todo género de vicios mientras que un buen Rey defiende la inocencia de los inocentes, reprime la maldad de los culpables y fomenta el bienestar general de todos los miembros del Reino.
Y añadía que un tirano es quien "subvierte todo el Estado, se apodera de todo por medios viles y sin respeto alguno a las leyes, porque estima que está exento de la ley. Y cuando se ocupa de los asuntos públicos, obra de tal manera que todos los ciudadanos se sienten oprimidos por toda clase de males, con una vida miserable. Y los despoja de su patrimonio para dominar él solo en los destinos de todos. Y así, arrebatados todos los bienes al pueblo, ningún mal puede imaginarse que no caiga como una calamidad sobre los ciudadanos".
Esta semana ha sido la semana del jesuita Juan de Mariana y su Instituto en España ha entregado premios a quienes defienden la libertad, muy especialmente a Javier Milei, presidente de Argentina. La tiranía del kirchnerismo condujo al país hermano a unas inmorales tasas de inflación empobrecedoras para la mitad de la población y un deterioro histórico de la, no hace tanto, rica nación argentina.
Cuando los viejos colmillos de los viejos pretorianos del PP recomiendan pactar con el tirano devenido, Pedro Sánchez, la composición del Consejo del Poder Judicial sin garantía alguna de que se vuelva al texto básico de la Constitución para dar paso a un poder judicial independiente, está negando de hecho que tal cosa sea posible en España nunca jamás. Isabel Diaz Ayuso ya ha advertido de que si se sigue ese camino, la democracia está en juego.
Y lo va a estar. Una estructura de poder dentro de los jueces y magistrados pastoreados por Sánchez y su Frankenstein cuyas obras ya conocemos –amnistía, malversación, ERE´s y demás—, puede significar un gobierno partidista de las instancias judiciales y un daño directo a las instituciones democráticas. Habrá que acordar con los demás partidos y con las asociaciones de jueces un sistema constitucionalmente aceptable. El trapicheo no será asumible y puede agrietarlo todo. Es más, puede significar el mantenimiento de la tiranía gubernamental y eso es y será imperdonable.
