Cuarenta y dos años llevo estudiando y explicando en clase la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de Protección del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, de 5 de mayo de 1982. Acerca de ella y de la jurisprudencia de los Tribunales he publicado centenares de páginas previa lectura de miles de sentencias. Pero acabo de escuchar el Pleno del Congreso y da la impresión de que hoy, en el decimoséptimo día del mes de julio del Año del Señor (Sánchez) de 2024, ya conocemos los contornos de los derechos protegidos, los perfiles del honor y la intimidad, las fronteras de la libertad de información y la diferencia de ámbito de las libertades de opinión y expresión. Y también sabemos el lindero entre la metáfora irónica y el sarcasmo, y ya tenemos claro lo que es difamar. Da tranquilidad saber qué constituye un insulto u ofensa y qué es, en cambio, una expresión zafia e ineducada, pero no ofensiva. Nos lo ha aclarado el puto amo. ¡Qué peso me ha quitado de encima!
En un discurso empalagoso y caudillista donde los haya, el puto amo ha dicho que "la democracia tiene el derecho y la obligación de defenderse no de las ideas distintas ni de las voces discrepantes, que son una parte esencial de ella, pero sí de las mentiras, de la desinformación, de los bulos, de las injerencias de aquellos que quieren desmantelar la democracia enfangado el debate público, eliminando a rivales con difamaciones o comprando la opinión de ciertos tabloides digitales a base de talonario". Se ha escudado en el Reglamento europeo de medios de comunicación aprobado en Estrasburgo hace unos meses, elaborando una masa bastante indigesta, un engrudo en el que había ingredientes de libertad de prensa mezclada con pandemia, avance de la ultraderecha, antivacunas, ciberataques, interoperabilidad de los ejércitos y de las fuerzas de seguridad, modernización de las infraestructuras, transición digital y tecnologías verdes. Y cómo no, resiliencia. Que nunca falte la resiliencia.
Vayamos al grano. Quiere el amado líder "establecer salvaguardas para combatir las injerencias políticas en las decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación, proteger a los periodistas y a sus fuentes y garantizar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación". Invita a que el Congreso limite "la financiación que las administraciones públicas puedan dedicar a los medios de comunicación para que no haya medios de comunicación que tengan más financiadores públicos que lectores" y asegure "que no haya partidos políticos que compren líneas editoriales con el dinero de todos los contribuyentes".
Me tomo la libertad de ofrecer gratis un esquema para que los asesores monclovitas conozcan el terreno que pisan y comprendan la dificultad del empeño. Por lo pronto, conviene distinguir entre información y opinión. La información debe ser veraz, que no es lo mismo que verdad. De la jurisprudencia se deduce que no se exige la exactitud, la total adecuación entre el suceso y la información que sobre él se publique. Las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, y si se exigiese la verdad como condición para el ejercicio de la libertad de la información, ni habría libre desenvolvimiento de la tarea del periodista ni, lo que es peor, libre acceso del ciudadano a la información veraz. La única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio. Cuando la Constitución requiere que la información sea veraz no está tanto privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas –o sencillamente, no probadas en juicio–, sino estableciendo un específico deber de diligencia sobre el informador a quien se le puede y debe exigir que lo que transmita como hechos haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos. El ordenamiento no presta su tutela a quien comunique como hechos simples rumores o, peor aún, meras invenciones o insinuaciones insidiosas, pero sí ampara en su conjunto la información rectamente obtenida y difundida, aun cuando su total exactitud sea controvertible.
O lo que es lo mismo y por poner algún ejemplo: que el señor Barrabés se haya reunido con Pedro Sánchez y Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa no es el invento de un tabloide digital, sino la información que el propio Barrabés reconoció ante el juez. No es un bulo. Y que se hayan disparado de manera exponencial los contratos de las empresas de este señor es también un hecho objetivo, no un bulo. Y que el Rector de mi (a pesar de todo, querida) Universidad Complutense respondiera a la llamada telefónica de la secretaria de la esposa del Presidente, y corriera él raudo y veloz a reunirse con ella a Presidencia del Gobierno…, eso tampoco es un bulo, sino la declaración hecha ante el juez por el propio Rector Goyache. Al fin y al cabo, el Rectorado y La Moncloa están cerquita, es cosa de cruzar la calle. Eso sí, aseguro a mi amable lector que si yo quiero ver al Rector, ya puedo ir pidiendo cita a su secretaria. Pero aquí era al revés: la secretaria llama y le dice "vengaustépacá, que le quieren ver", para ir diseñando una Cátedra extraordinaria a dirigir por alguien que carece de titulación universitaria,
En cambio, las opiniones no son verdaderas ni falsas, y la libertad de expresión no tiene el límite de la veracidad. También dice la jurisprudencia que una campaña de prensa, por muy duro que sea su contenido e interesada la finalidad, no puede per se significar un ataque al honor o intimidad. Otra cosa será cuando la opinión se exponga provista de expresiones injuriosas o descalificantes.
Y aquí viene la segunda dificultad. Valga la siguiente muestra: en uno de los frecuentes litigios que tuvieron como protagonista al conocido periodista deportivo José María García, la STS 31 de julio de 1998 entendió que si el reportero había llamado al entonces presidente del Real Madrid Ramón Mendoza "cantamañanas", "desvergonzado", "amoral completo", "trasnochado mandamás", "vejete", "destartalado", "presumido", "relamido", "presidente de pelo blanco y conciencia deportiva negra" sí supone vejación y menosprecio, con independencia de que fuera o no información veraz la de que Santiago Bernabéu también le había llamado "hijo de puta" en su lecho de muerte (aunque esto también resultó inveraz); pero llamarle "zafio", "burdo", "histérico", "tonto de baba", "faldero", "inútil", "torpe", "desvergozado" y "vanidoso"…, eso ya son calificativos aceptados socialmente y de uso común.
Dibujar la frontera entre la ironía sarcástica y el insulto o difamación es como querer cortar un pelo en el aire. Pero no habrá problema: es el puto amo. Y quien en el ejercicio de su libertad de opinión, no comparta la del caudillo, lo haga con o sin difamación, a ése le diremos que es un medio de comunicación que está en contra de la igualdad entre hombres y mujeres, del crecimiento económico, de la modernización de las vías del AVE y de las infraestructuras. Y también le diremos que no es resiliente y que, como ha convertido la mentira en un negocio rentable, no merece que se le ayude con fondos públicos. Es un pseudomedio.
