Esta pesadilla comenzó hace menos de un año. Es así, menos de un año, aunque nos parece mentira porque hemos perdido ya la noción del tiempo,como cuando estábamos en mitad de la pandemia. Tenemos que frotarnos los ojos para caer en la cuenta de que la última vez que escuchamos a los Ministros y a su Presidente clamar contra la amnistía fue durante el último verano.
La cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo es una obra de arte. Lo más brillante que se ha escrito en años. Y además, una antología de los mejores estudios doctrinales publicados a lo largo dellastimoso periodo que nos ha tocado vivir por obra y gracia de un tirano, de un sátrapa que gobierna arbitrariamente nuestras vidas haciendo ostentación obscena de su poder de cacique autócrata. De un sujeto que despierta cada mañana convencido de que tiene suficientes hooligans que, desde su embeleso, no ven a ningún déspota mentiroso.
El Auto de la Sala Segunda de 24 de julio de 2024 pasará a la historia, y debería pasar a formar parte como asignatura obligatoria de los planes de estudios de la carrera de Derecho. Lo deberán conocer las próximas generaciones de juristas. Me refiero a los juristas de verdad, que no es lo mismo que hablar de licenciados o graduados en Derecho, como tampoco diríamos que alguien es buen científico porque lleva una bata blanca. Y es que de esos sedicentes (esto es, que "se dicen") juristas vemos unos cuantos a lo largo y ancho del hemiciclo y —lo que es aún peor— sentados en el Consejo de Ministros. A los auténticos juristas, como en el mensaje evangélico, "por sus obras les conoceréis", esto es, por sus doctorados, por sus monografías, por sus publicaciones en obras colectivas, por sus conferencias en Universidades españolas y extranjeras, por sus intervenciones en eventos, por su presencia en las Reales Academias.
Muchos esperaban que la cuestión de inconstitucionalidad tuviera algo de día de la marmota. Que se tratara de una nueva reflexión acerca de que en la Ley Orgánica 1/2024 hay una incontestable vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, del principio de seguridad jurídica y de la exigencia de que han de ser los jueces quienes juzgan y hacen ejecutar lo juzgado, y que contiene el más clamoroso ejemplo de arbitrariedad de los poderes públicos. Y naturalmente que el Tribunal Supremo incide en la quiebra que la Ley de Amnistía supone de esos principios básicos, como no podía ser de otro modo. Ayer decía en este mismo medio mi compañero —también sufrido complutense— Alberto Tapia, que el Auto nos sitúa ante una de las últimas fronteras de nuestra dignidad como Estado democrático.
Pero si el Supremo se hubiera limitado a hacer esa reflexión, por profunda que fuera —que lo es—, habría significado solamente un deja vu. También si se hubiera limitado a comparar esta autoamnistía dictada por y para los propios amnistiados con la amnistía de 1977, que suponía una transición de un régimen dictatorial a uno democrático (y que fue votada en el Congreso casi unánimemente). De hecho, el Auto contiene la cita textual de 23 autores, en una ajustada selección de los que más y mejor han escrito sobre la amnistía en general y sobre esta amnistía en particular.
Sin embargo, este escrito no es una recensión. Ni siquiera una magnífica recensión. Las costuras del texto no están hechas con hilo para hilvanar, sino con un hilo conductor convincente, firme, persuasivo. Y al mismo tiempo, de una belleza singular, como el hilo que utilizan los mejores diseñadores. No se podía decir mejor. Ya hay algún impostor que ayer dijo que sí, que el auto del Tribunal Supremo es bueno y es serio… pero que no es jurídico sino simplemente político. A mi juicio, la cuestión planteada tiene una derivada política inevitable, pero es puro derecho, constitucional y de la Unión Europea. Las dos cosas. Y del bueno.
Y esta cuestión de inconstitucionalidad no sólo la deberán conocer los juristas sino también los amantes de la crítica literaria. Llama particularmente la atención cómo se utilizan los elementos gráficos, esos que entran por los ojos y que hieren los sentidos. Estuve tentado de titular esta columna con una sola palabra: "Adoquines". Pero entonces se me habría escapado del título el mensaje que pretendía aportar en esta nueva contribución a Libertad Digital.
Veamos la cita textual: "Los ahora acusados deberían ser amnistiados por la simple razón de que las piedras y adoquines que lanzaron contra la sede de los Juzgados de Girona (poniendo, además, en riesgo la vida y la integridad de personas) se realizó con el propósito de protestar frente a la sentencia de este mismo Tribunal Supremo que condenó a una parte de los máximos responsables del referido golpe de Estado. Si sus motivaciones hubieran sido diferentes (por ejemplo, si su protesta lo hubiera sido contra la, a su parecer, escasa contundencia de esa misma sentencia; o en favor de la libre determinación de la República saharaui; contra los desahucios; o a favor, o en contra, de la inmigración ilegal) deberían cumplir sus penas. Es solo su opinión (política), esta opinión (política), la que les hace acreedores de la amnistía".
Y vaya esta otra perla: no es exigible que los secesionistas renuncien a sus ideales. No es por su ideología por lo que fueron juzgados. Y "no es indispensable tampoco, aunque se agradeciera, que pidan perdón a quienes han aceptado siempre las reglas democráticas que todos nos dimos, cuya observancia cualquier convivencia en libertad presupone como condición misma de posibilidad. Es suficiente con que dejen de lanzar adoquines. Es suficiente. Pero también es necesario".
Tratar igual a los iguales y desigualmente a los desiguales. ¿Es verdad que en España la Constitución —también es cita textual— protege en esta materia a los ciudadanos al menos en igual medida que puedan hacerlo los textos internacionales suscritos por España y los vigentes en la organización supranacional, Unión Europea, en la que estamos integrados"?
Por ello advierte el Supremo que ésta no es una cuestión de inconstitucionalidad en el genuino sentido del término, porque para que lo fuera de verdad haría falta que el Tribunal tuviera alguna duda sobre si la ley que ha de aplicar a los lanzadores de adoquines cabe en la Constitución. Pero es que es justo al revés: "los miembros de esta Sala no albergamos duda alguna de la inconstitucionalidad de la norma cuestionada". "Tenemos la absoluta convicción de que la norma cuestionada vulnera los preceptos constitucionales".
Ahí está el desafío: "es en exclusiva al Tribunal Constitucional a quien corresponde pronunciarse". O lo que es lo mismo, don Cándido deberá pensar muy bien si su respuesta ha de ser Spain is different para así poder utilizar el "Pumpido exprés", que es el nuevo producto de droguería que se anuncia que todo lo limpia.
